Buenos Aires, 28 octubre (NA) – Un nuevo grupo de inversores afectados presentó un recurso para apelar el sobreseimiento de Javier Milei y su hermana Karina Milei en la causa $LIBRA. El objetivo es evitar el cierre de la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda. El escrito, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, fue impulsado por Martín Romeo, quien fue querellante en el caso, junto con otros dos pretensos querellantes.
Los tres cuentan con el patrocinio del abogado Nicolás Oszust. Los inversores solicitaron que se declare la nulidad del dictamen del fiscal Eduardo Taiano, en el que se basó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi para firmar la sentencia. También pidieron que continúe la investigación.
Causa LIBRA: los motivos del fiscal Taiano que llevaron al cierre de la causa en apenas 26 horas. En el documento, cuestionaron “la totalidad de la resolución” del magistrado y señalaron que el sobreseimiento “se apoya en una decisión que no está firme y que no resolvió el fondo”. Afirmaron que fueron afectados y rechazaron que se haya tratado de un “riesgo de mercado asumido”.
Según plantearon, compraron el activo digital “después de un tuit presidencial cuyo contrato ya habían utilizado 74 billeteras preposicionadas”. Añadieron que, aunque Javier Milei lo presentó como un “proyecto privado” para “incentivar el crecimiento de la economía argentina”, eso era “falso” porque “detrás del lanzamiento había una extracción de liquidez preparada de antemano” con “insiders”. Los afectados indicaron que el pool de liquidez se creó a las 18:40, pero no registró compras hasta las 19:01. “En ese segundo, 74 billeteras ejecutaron 87 transacciones por unos USD 13,5 millones, 22 segundos antes de que el Presidente publicara el contrato, que hasta ese momento no era público”, sumaron.
Después, según el escrito, las billeteras ligadas al equipo de LIBRA “liquidaron los tokens adquiridos en el minuto cero, y la liquidez se consolidó en una bóveda colectora que reunió 44.593.888 USDC”. También alegaron que hubo una “rampa de salida preparada de antemano” y que se destruyeron pruebas sobre la maniobra. Además, acusaron que existió una “coordinación con el Presidente”, a partir de llamados entre Milei y el lobbista Mauricio Novelli, uno de los impulsores de la criptomoneda, registrados en los minutos previos y posteriores a la publicación en X. “Ninguna de estas circunstancias es compatible con la tesis de un ‘mercado volátil’ en el que los compradores asumieron un riesgo propio.
Nadie asume el riesgo de que el contrato haya sido entregado de antemano a 74 billeteras, ni de que la salida del dinero estuviera planificada diez días antes del lanzamiento. El engaño no fue una frase aislada: fue la puesta en escena completa, con la investidura presidencial como garantía”, arremetieron. Sobre la acusación contra Karina Milei por tráfico de influencia y cohecho, vinculada con el supuesto acuerdo estipulado con Novelli por USD 1.550.000 para que el presidente se involucre, sostuvieron que ese contrato “existió y se cumplió, con o sin firmas”.
En su dictamen, Taiano afirmó que no hubo delito y fundamentó esa conclusión en un informe de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de la hermana del mandatario. “Tomar esa respuesta como prueba de descargo equivale a sostener que alguien es inocente porque él mismo dice serlo”, cuestionaron. Los inversores también acusaron al representante del Ministerio Público Fiscal de que “actuó como abogado defensor”. “Seleccionó la prueba de antemano, dejó de producir la que podía comprometer a los imputados e interpretó sistemáticamente a favor de éstos la que sí se produjo, aun cuando esa misma prueba generaba indicios de cargo”, mencionaron.
