Buenos Aires, 17 octubre (NA) – El Museo Nacional de Colombia se convirtió en un nuevo escenario de la "batalla cultural" impulsada por el presidente de derecha Abelardo de la Espriella. Su gobierno ordenó retirar más de 30 piezas de las exhibiciones permanentes, entre ellas obras y documentos relacionados con los derechos de las minorías sexuales, el feminismo, la violencia política y los acuerdos de paz. La decisión se ejecutó el 15 de octubre y afectó las salas “Hacer sociedad”, “Memoria y Nación” y “Fuerza, fe y sustancia”.
En esos espacios quedaron paredes vacías y marcas de los objetos desmontados. Según informó el diario El Espectador, la medida incluyó fotografías, afiches, documentos históricos y otras piezas que integraban el relato museográfico sobre la historia reciente del país. Entre los elementos retirados hay afiches de las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, dirigentes políticos asesinados en 1990.
También fue retirado el denominado “Balígrafo”, una pluma fabricada con un casquillo de bala que se utilizó durante la firma del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC. Además, desaparecieron testimonios de las luchas feministas, registros de movilizaciones LGBTIQ+ y el tarjetón de la Séptima Papeleta, iniciativa que impulsó la reforma constitucional de 1991. La intervención coincidió con el anuncio del presidente de una “contrarrevolución cultural” contra lo que De la Espriella denomina “wokismo”.
El mandatario afirmó que no permitirá que antiguos integrantes de organizaciones guerrilleras sean presentados como héroes nacionales y ordenó revisar los contenidos de las instituciones culturales públicas. La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió la medida al sostener que el museo no debe ser un instrumento de adoctrinamiento político ni promover interpretaciones sesgadas de la historia. También anunció que se revisarán los criterios curatoriales y museográficos de los espacios bajo su jurisdicción.
La decisión recibió cuestionamientos de especialistas, trabajadores culturales y organizaciones sociales, que denunciaron una intervención política sobre el patrimonio histórico. El sábado, más de 500 personas se manifestaron frente al museo de Bogotá para reclamar que las piezas sean restituidas. La ofensiva colombiana tiene puntos de contacto con la política del presidente Javier Milei, cuyo gobierno también convirtió la disputa por la memoria histórica y el papel del Estado en la cultura en uno de sus ejes ideológicos.
En la Argentina, esa confrontación se expresó a través de recortes presupuestarios, la reestructuración de organismos culturales y de derechos humanos y el cuestionamiento de las interpretaciones históricas sobre la última dictadura militar. Entre las medidas se encuentran cambios en la estructura del Museo Sitio de Memoria ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria, además de restricciones al financiamiento del cine nacional. Aunque las decisiones de ambos países presentan diferencias, los dos gobiernos de derecha comparten la intención declarada de combatir lo que consideran una hegemonía cultural progresista.
La controversia abre una discusión que trasciende las fronteras: hasta dónde puede intervenir el poder político en las instituciones encargadas de conservar y transmitir la memoria colectiva.
