Facundo Martín Torraga, quien cumple una condena por abuso sexual, podría enfrentar un nuevo proceso judicial por su presunta participación en una organización dedicada a vender estupefacientes dentro del Penal de Chimbas, en San Juan. El fiscal federal Fernando Gabriel Alcaraz y la auxiliar fiscal María Florencia Compaired dieron por concluida la investigación y solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral. Según la acusación, Torraga habría intervenido directamente en la venta de cocaína a otros internos y en el cobro de esas operaciones mediante plataformas digitales.
El expediente integra una investigación más amplia sobre una presunta estructura de narcotráfico que habría operado tanto en el establecimiento penitenciario como en distintos sectores de la provincia. La Fiscalía también indaga operaciones financieras y compras de bienes que, de acuerdo con su hipótesis, habrían servido para incorporar al circuito económico fondos provenientes de actividades ilícitas. La reconstrucción del Ministerio Público Fiscal ubica uno de los centros de operaciones de la presunta organización en el pabellón 4, sector 2, del Servicio Penitenciario Provincial.
Los investigadores identificaron a Rodolfo Daniel Carrizo, conocido como “Rody” o “el Jetón”, como el supuesto encargado de coordinar la comercialización de cocaína dentro de la cárcel. De acuerdo con la acusación, Carrizo habría organizado las ventas, llevado el control de las deudas de los internos que compraban estupefacientes y coordinado el movimiento del dinero. En ese esquema, Facundo Torraga y Gabriel Antonio Villarroel habrían comercializado la droga entre las personas privadas de libertad.
La investigación sostiene que ambos recibían transferencias por las operaciones a través de cuentas de billeteras virtuales, entre ellas Mercado Pago y Naranja X. Luego, el dinero habría sido enviado a personas que estaban fuera del establecimiento penitenciario. La acusación también menciona a Ivana Gabriela Gómez, pareja de Carrizo.
La Fiscalía le atribuye tareas de administración de fondos y coordinación con integrantes de la presunta organización que operaban en el exterior. La causa se inició a partir de denuncias anónimas que alertaban sobre una presunta venta de estupefacientes dentro del penal. Una de las presentaciones indicó que había transferencias de dinero relacionadas con la compra de droga y mencionó una cuenta vinculada con Torraga.
A partir de esos datos, los investigadores realizaron distintas medidas para establecer cómo se concretaban las operaciones y quiénes intervenían. Entre las pruebas incorporadas al expediente hay escuchas telefónicas, análisis de movimientos bancarios y financieros y pericias sobre dispositivos electrónicos. En una requisa en la celda número 13, ocupada por Torraga, encontraron un teléfono Motorola E5 escondido dentro de una madera de una mesa.
También secuestraron elementos cortopunzantes. El teléfono tuvo que ser reparado después de que una primera extracción de información no arrojara resultados. Más tarde, los especialistas lograron recuperar mensajes, registros de llamadas y contactos, aunque el contenido disponible era limitado por el estado del aparato.
En otro procedimiento, en un taller de capacitación del pabellón, hallaron 92 envoltorios pequeños y un paquete de mayor tamaño con cocaína, ocultos dentro de tres rodillos de pintura. Los análisis químicos establecieron que la sustancia contenía cocaína mezclada con levamisol. Para la Fiscalía, ese hallazgo es uno de los elementos que respaldan la hipótesis de que había un circuito de comercialización de estupefacientes dentro del penal.
En el pedido de elevación a juicio, el Ministerio Público Fiscal acusó a Torraga de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas y por haberse cometido en un establecimiento penitenciario. La acusación lo considera partícipe primario de las maniobras investigadas. Por esa presunta intervención, el fiscal solicitó una pena de seis años y seis meses de prisión, una multa equivalente a 150 unidades fijas, costas y accesorios legales.
También pidió que Torraga sea declarado reincidente, en función de sus antecedentes condenatorios. Se trata de una solicitud de la Fiscalía y todavía no hay una sentencia condenatoria en este nuevo expediente. La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, mediante la evaluación de las pruebas y de los planteos de las defensas.
La causa, además, abarca presuntas operaciones fuera del Penal de Chimbas y movimientos financieros que los investigadores vinculan con personas relacionadas por lazos familiares y de pareja. Según la acusación, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 se registraron movimientos superiores a los 800 millones de pesos a través de billeteras virtuales. Los análisis financieros identificaron transferencias entre distintas cuentas, operaciones de cobro y movimientos de dinero que la Fiscalía considera relacionados con la actividad investigada.
En esa estructura, Oscar Nahuel Carrizo y Carla Luciana Brizuela Robledo fueron señalados como presuntos responsables de tareas de adquisición, fraccionamiento y distribución de cocaína en sectores de Santa Lucía y Chimbas. La investigación también identificó a otras personas que habrían intervenido en puntos de comercialización y en la administración de cuentas utilizadas para recibir o transferir fondos. El Ministerio Público diferenció las responsabilidades atribuidas a cada persona, por lo que no todos los imputados enfrentan las mismas acusaciones.
Otra parte del expediente comprende operaciones patrimoniales que, según la Fiscalía, habrían buscado dar apariencia legal a fondos de presunto origen ilícito. Entre las adquisiciones inmobiliarias investigadas hay operaciones vinculadas con el Loteo Fénix, en el departamento Santa Lucía. También se incorporó la compra de un automóvil Fiat Cronos cero kilómetro.
Las operaciones patrimoniales bajo investigación suman aproximadamente 113 millones de pesos. De acuerdo con la hipótesis fiscal, algunas compras se habrían realizado con familiares como titulares registrales y ciertos pagos se habrían efectuado en efectivo o mediante operaciones fraccionadas. Para el Ministerio Público, esos mecanismos podrían haber dificultado la identificación del origen y el destino de los fondos.
Las acusaciones por lavado de activos se dirigen específicamente contra las personas a quienes se atribuye intervención en esas operaciones y no deben confundirse con los cargos formulados individualmente contra Torraga. Facundo Martín Torraga, hijo del empresario bodeguero Mario Torraga, tiene antecedentes judiciales por hechos de violencia de género, abuso sexual y amenazas. En una causa anterior recibió una condena de ocho años de prisión efectiva por abuso sexual, por la que se encontraba alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.
También había sido condenado en otro expediente relacionado con violencia de género. Esos antecedentes forman parte de su situación judicial previa y fueron considerados en el nuevo requerimiento fiscal para solicitar una eventual declaración de reincidencia. Sin embargo, las condenas anteriores no determinan por sí solas la responsabilidad de Torraga en los hechos que ahora se investigan.
Con el cierre de la investigación y la presentación del requerimiento fiscal, la causa quedó encaminada a la etapa de control de la acusación y preparación del debate oral. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan deberá intervenir y establecer la fecha correspondiente para el juicio. En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas durante la investigación, las declaraciones y los argumentos de la Fiscalía y de las defensas de los imputados.
Para Torraga, el nuevo expediente implica la posibilidad de enfrentar otra condena mientras cumple una pena de prisión por una causa anterior. El proceso también deberá determinar si existió la organización dedicada al narcotráfico descripta por los investigadores, cuáles fueron las responsabilidades individuales y si los movimientos económicos detectados estuvieron vinculados con operaciones de origen ilícito. Hasta que haya una resolución judicial definitiva, las imputaciones relacionadas con esta presunta red de comercialización de drogas siguen siendo acusaciones sujetas a prueba.
