Buenos Aires, 7 octubre (NA) — El oficialismo negocia cambios en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional para sumar el apoyo de bloques dialoguistas y apunta a sesionar el 21 de octubre. Mientras tanto, busca que la oposición no reúna quórum el jueves de la semana próxima, cuando pidió tratar el rechazo del DNU 70/23. El temario de la sesión prevista para el 21 también incluiría las leyes de discapacidad y de sobreendeudamiento familiar.
A una semana de la convocatoria opositora, en la oposición reconocen que las posibilidades de abrir la sesión disminuyen con el paso del tiempo. Sin embargo, Unión por la Patria y los bloques que la acompañan mantienen la decisión de llevar el tema al recinto para identificar qué diputados respaldan la ley de Tierras y quiénes no. El objetivo, sostienen, es aplicar el llamado "principio de revelación" que popularizó el presidente Javier Milei.
En Unión por la Patria explicaron que no impulsaron antes la sesión porque no tenían garantías de contar con el apoyo de los bloques opositores "del medio". El Senado rechazó el DNU el 14 de marzo del 2024, hace más de dos años y medio. "El que se siente es porque quiere rechazar el 70/23. El año pasado habían 10 de los aliados nuestros que estaban inseguros de que nos iban a acompañar con el rechazo y por eso dimos marcha atrás", afirmó un diputado nacional del peronismo en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas (NA).
La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade no negó esa versión en una entrevista con Alpha TV, aunque señaló que durante 2024 y 2025 también había diputados de Unión por la Patria que no estaban dispuestos a confirmar el rechazo al mega decreto desregulatorio. En un primer momento, el oficialismo se inquietó por el fallo de la Corte Suprema, ante la posibilidad de que generara un clima adverso y le diera a la oposición el impulso necesario para abrir la sesión. Ese escenario habría puesto en riesgo tanto la derogación de la ley de Tierras como la continuidad del DNU 70 en su conjunto, considerado la piedra angular del proyecto económico de La Libertad Avanza.
La preocupación inicial del Gobierno se transformó en alivio cuando advirtió que la oposición no contaba con los votos necesarios para avanzar. "Algunos de ellos están más preocupados que nosotros en que no se caiga el DNU", afirmó una diputada de La Libertad Avanza a la que tuvo acceso la Agencia NA. Pese a eso, el oficialismo sigue de cerca el escenario y no descarta que la Corte emita una resolución para designar a dos conjueces que revisen la situación de la ley de Tierras, a partir de un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie. Entre las alternativas que evalúa para sumar a los dialoguistas y evitar que haya quórum el 15 de octubre, el oficialismo analiza incorporar restricciones a la compraventa de tierras rurales en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado.
La iniciativa permitiría reintroducir por otra vía la Ley de Tierras y preservar el resto del DNU 70, cuya derogación por el Congreso tendría un impacto catastrófico para el Gobierno. La posibilidad se planteó durante una reunión que referentes de bloques dialoguistas mantuvieron este miércoles por la tarde-noche en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados. Del encuentro participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Los bloques dialoguistas consultaron en varias oportunidades qué hará el oficialismo con la Ley de Tierras, pero no obtuvieron una respuesta concluyente. Por ahora, reintroducirla en la ley de Propiedad Privada aparece como la alternativa con mayor respaldo, aunque todavía no hay una decisión tomada. La negociación con los aliados también contempla cambios en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y garantías para modificar partidas presupuestarias destinadas a Discapacidad, universidades nacionales y obras públicas.
En la reunión se confirmó que el martes 13 comenzará la discusión del Presupuesto 2027, y el oficialismo busca dictaminarlo antes de la visita del Papa León XIV. Respecto del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, aliados y dialoguistas reclaman que se elimine el artículo 111. El apartado fija penas de prisión "para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento (total o parcial) de entidades u organismos extranjeros, realice acciones destinadas a alterar procesos electorales o el normal funcionamiento de las instituciones democráticas; manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva; y promover o financiar actos de violencia, sabotaje o alteraciones graves del orden público dirigidas a desestabilizar la seguridad interior o las instituciones del Estado".
Desde la oposición sostienen que ese artículo, al que vinculan con las críticas cotidianas de Milei contra los medios de comunicación, representa una amenaza para el trabajo periodístico y puede fomentar la autocensura y la persecución de la crítica legítima. Los cuestionamientos también apuntan a la concentración de poder en el Ejecutivo a través del Consejo de Seguridad Nacional, a los protocolos para derribar aeronaves y hundir buques, y a la falta de precisión técnica para definir una "amenaza externa" o una "actividad terrorista". Según esas objeciones, esos conceptos podrían utilizarse como pretexto para reprimir la disidencia interna.
