Las reformas laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei no se tradujeron hasta ahora en un repunte del empleo registrado, según las estadísticas oficiales. Desde la entrada en vigor de los cambios de la ley Bases, en julio de 2024, se perdieron 106.927 puestos de trabajo privados formales, de acuerdo con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que registra los aportes jubilatorios. La primera reforma laboral de la gestión libertaria ocupó 16 apartados de esa ley.
En marzo de 2026 se aprobó la denominada ley de modernización laboral, integrada por 218 artículos. Desde su entrada en vigencia, el empleo privado registrado perdió otros 36.531 puestos, también según el SIPA. En el período posterior a la ley Bases, la proporción de asalariados pasó del 36,4% al 37,9%, lo que equivale a alrededor de 100.000 trabajadores asalariados no registrados más.
El Presidente celebró el aumento y habló de medio millón de nuevos trabajadores. Sin embargo, quienes trabajan sin registrar carecen de derechos laborales y de aportes a la seguridad social, y suelen cobrar salarios inferiores a los establecidos por convenio. La tasa de informalidad, que comprende al conjunto de las personas ocupadas, subió del 41,4% al 45% entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo período de 2026.
En los aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, el incremento representa unos 574.000 ocupados informales en dos años. La mayoría de esas personas son cuentapropistas. Desde la entrada en vigor de la ley de modernización laboral, los asalariados no registrados se mantuvieron relativamente estables, pero la informalidad total pasó del 44,2% al 45%.
A esos datos se suman el cierre de 31.342 empresas desde el inicio del gobierno libertario, en su mayoría pequeñas y medianas, y la activación de 163 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) hasta julio de este año. La cifra quedó apenas por debajo de los 164 procedimientos registrados durante todo 2025. Los PPC permiten instrumentar suspensiones y habilitan la posibilidad de reducir salarios y pagar indemnizaciones a menor costo.
En la Justicia avanzan lentamente dos causas que investigan presuntas firmas adulteradas en trámites de estos procedimientos. Los casos fueron denunciados por los sindicatos de Comercio y de Seguridad Privada. En las presentaciones se plantea la sospecha de una maniobra en la que habrían participado funcionarios, empresarios y dirigentes gremiales.
El panorama laboral también se ve condicionado por la perspectiva de una recesión, con salarios contenidos e inflación en alza. Según el Indec, la desocupación pasó del 5,7% en diciembre de 2023 al 7,9% en el segundo trimestre de 2026. Milei relativizó el dato en una entrevista en LN+: sostuvo que una tasa de 7,9% o 7,8% no era sustancialmente distinta de la de 2023 y que, frente a un promedio histórico de 9,8%, el país no tenía un problema de desempleo.
Ese promedio incluye períodos de crisis graves, como la hiperinflación durante el gobierno de Raúl Alfonsín y la crisis de 2001-2002, cuando la desocupación superó el 20%. La pérdida de puestos también llegó a la minería y los hidrocarburos, dos sectores centrales del modelo económico del Gobierno. Según un informe publicado dos semanas antes por Clarín, en esas actividades se destruyeron 7.613 empleos.
Aunque el Presidente minimiza las cifras de empleo, la situación podría empeorar. En noviembre comenzará a funcionar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la nueva ley para financiar indemnizaciones por despidos en el sector privado mediante aportes que, según sus críticos, restarán recursos al sistema previsional. El fondo recibirá mensualmente el 1% de la masa salarial de las grandes compañías y el 2,5% en el caso de las pequeñas y medianas empresas.
Cada empleador podrá elegir si los recursos quedan bajo la administración de un banco o de una sociedad de bolsa. El dinero solo podrá destinarse al pago de indemnizaciones y el acceso estará habilitado después de los primeros seis meses de aportes, para que se acumule un monto junto con los intereses generados en el sistema financiero. La fecha en que podrían concretarse los primeros despidos financiados por el FAL coincidirá con la campaña electoral.
Las estimaciones citadas calculan que el fondo recaudará entre 3.000 y 5.000 millones de dólares al año. Lo administrarán entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, bajo la tutela de los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Capital Humano, Sandra Pettovello. Ambos funcionarios promovieron que las jubilaciones, becas y asignaciones familiares que paga la Anses puedan cobrarse mediante billeteras virtuales.
La medida permitió que esos beneficiarios accedieran a préstamos ofrecidos a través de esas plataformas. Los relevamientos sobre morosidad reflejan las dificultades de pago que enfrentan algunos usuarios. La oposición advirtió que el FAL reducirá los recursos de la seguridad social.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 prevé que su aplicación recorte un 7% los fondos del SIPA: una merma de 4.363.550.000.000 pesos, equivalente a 2.833 millones de dólares al tipo de cambio actual. Este viernes, 12 diputados del Partido Justicialista presentaron un proyecto para derogar el fondo. La iniciativa sostiene que la ley de modernización laboral reproduce, con otro nombre, la lógica de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) de los años noventa.
También plantea que se usarían recursos de la seguridad social para financiar indemnizaciones privadas y que los perjudicados serían trabajadores y jubilados, en beneficio del sector financiero. La discusión preocupa a gobernadores de provincias que conservaron sus cajas jubilatorias y dependen de las transferencias de la Anses. El organismo está a cargo de Guillermo Arancibia, quien se incorporó al Gobierno por recomendación de Osvaldo Giordano.
Milei apartó a Giordano en febrero de 2024 y actualmente es asesor de Pettovello. Patricia Bullrich, defensora de la reforma laboral en el Senado, se refirió al fondo el jueves ante empresarios. Al mencionar el nombre FAL, bromeó con que era “un nombre un poquito violento”, lo que provocó risas en el auditorio.
La jefa del bloque libertario sostuvo que la Argentina conserva un régimen pensado para un mundo laboral que ya no existe. Según sus cifras, hay seis millones de trabajadores formales, cuatro millones de monotributistas y entre 40% y 45% de informalidad; “el sistema no va más”, afirmó. La reforma que Bullrich impulsó durante el verano incluye disposiciones sobre quienes trabajan para plataformas digitales, un universo que ya supera el millón de personas.
La norma no los considera trabajadores en relación de dependencia. “No hay vínculo laboral”, dijo el secretario de Trabajo, Julio Cordero, al explicar ese punto, que constituye otra zona de controversia de la ley. El empleo registrado acumula 15 años de estancamiento y la crisis amenaza con adquirir un carácter estructural. También sigue abierto el interrogante sobre el impacto de la inteligencia artificial en el corto plazo.
En medio de los debates sobre los riesgos de los avances tecnológicos, Milei promocionó internacionalmente a la Argentina como un entorno sin reglas para el desarrollo de la IA y habilitó un proyecto para crear “empresas no humanas”. La contracción del mercado laboral afecta a los gremios: cuando cae el empleo registrado, se reduce la cantidad potencial de afiliados. A la vez, las organizaciones sindicales enfrentan dificultades para acordar una estrategia común ante la tecnología y un Gobierno que las amenazó con quitarles recursos y privilegios.
Una expresión de esa desorientación fue el documental autobiográfico que Luis Barrionuevo, histórico dirigente gastronómico de 84 años, financió por cuenta propia. La película tuvo recientemente su avant-première en un cine de Palermo y, a lo largo de casi 90 minutos, recorrió de manera selectiva su trayectoria política y sindical. Entre las omisiones señaladas figuran la corrupción durante el menemismo y la falta de referencias o imágenes de Hugo Moyano y de Graciela Camaño, su exesposa.
Barrionuevo mantiene actualmente una disputa judicial con el Gobierno, al que había apoyado durante las elecciones. Según el texto, el documental refleja su intención de dejar una huella más allá de su paso por el gremio gastronómico, en un contexto de nostalgia por un poder sindical debilitado y de deterioro del mercado laboral.
