El vicegobernador de San Juan y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, recibió este jueves a la familia de Uriel Ríos, el adolescente de 17 años asesinado en Médano de Oro. Sus padres fueron a la Legislatura para reclamar cambios en el procedimiento aplicado en las causas penales que involucran a menores de edad y presentaron un petitorio. Durante la reunión, los familiares plantearon la necesidad de adecuar las normas procesales de la provincia al nuevo Régimen Penal Juvenil establecido a nivel nacional.
Martín confirmó que el tema está en análisis y señaló que desde la Legislatura trabajan en un procedimiento que permita una actuación más rápida. “Estamos trabajando en ese sentido y muy pronto van a haber novedades”, sostuvo el vicegobernador. El reclamo de la familia se presenta mientras continúa la investigación judicial por la muerte de Uriel y persisten cuestionamientos sobre las herramientas procesales disponibles para víctimas y familiares en expedientes donde las personas investigadas son menores de edad. Los padres llevaron a la Cámara de Diputados el pedido de actualizar la normativa procesal provincial para adecuarla al nuevo Régimen Penal Juvenil.
Entre los puntos planteados están la participación de las víctimas en el proceso judicial y la necesidad de contar con mecanismos que permitan agilizar las investigaciones. El reclamo también contempla la situación de Uziel, hermano mellizo de Uriel, quien sobrevivió al ataque en el que murió el adolescente. La familia considera necesario incorporar a la legislación provincial herramientas que permitan una mayor intervención de los damnificados en este tipo de expedientes.
San Juan mantiene dentro de su marco normativo la Ley 754-O, correspondiente al Código Procesal Penal provincial, y debe adecuar el procedimiento al régimen nacional, que comenzó a regir durante 2026. Tras recibir a la familia, Martín explicó que el Poder Legislativo debe proporcionar las herramientas necesarias para que la Justicia pueda intervenir frente a este tipo de hechos. El vicegobernador indicó que la normativa nacional establece el marco general, pero consideró necesario actualizar el procedimiento provincial para contar con mecanismos “más ágiles y más rápidos”.
También aclaró que la adecuación normativa no implica que los delitos cometidos por adolescentes queden sin consecuencias. Martín sostuvo que los derechos de las víctimas y sus familiares están contemplados en el sistema, aunque reconoció la necesidad de avanzar en modificaciones vinculadas con el procedimiento. Sobre los tiempos legislativos, dijo que no hay un plazo específico que obligue a la Cámara de Diputados a sancionar la nueva normativa, pero aseguró que existe intención de acelerar el tratamiento. “Queremos hacerlo lo más rápido posible”, manifestó.
El vicegobernador también se refirió a la situación de la familia y señaló: “Uno tiene que entender el dolor y toda la angustia”. El debate sobre la Justicia Penal Juvenil ya había comenzado antes del caso de Uriel. Semanas atrás, la Corte de Justicia de San Juan había enviado a la Cámara de Diputados un proyecto relacionado con la aplicación del nuevo régimen, mientras avanzaba la elaboración de una normativa definitiva.
En ese momento, Martín había explicado que se analizaba una legislación transitoria mientras se terminaba de elaborar el esquema provincial de fondo. La modificación responde a la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.801, que establece el régimen penal para adolescentes desde los 14 años y obliga a las jurisdicciones a adecuar sus procedimientos para aplicarlo. El proceso también requiere la articulación entre los diferentes poderes del Estado y contempla aspectos vinculados con la estructura judicial, el personal y los lugares destinados a los adolescentes alcanzados por el sistema.
Además del reclamo legislativo, Javier Ríos, padre de Uriel, volvió a referirse a la investigación judicial por la muerte de su hijo. La familia sostiene como hipótesis la posible participación de una tercera persona, que sería mayor de edad. Según lo expresado por el padre del adolescente, uno de los menores investigados habría señalado a otro joven como presunto responsable de la muerte, aunque los familiares mantienen su planteo sobre la eventual participación de otra persona.
Esa hipótesis forma parte de los planteos de la familia y deberá ser determinada por la investigación judicial. Javier Ríos también relató que, según la información que habían recibido, antes del ataque se habría producido un conflicto y los jóvenes podrían haber sido confundidos con otras personas. La causa continúa bajo investigación, con la incorporación de testimonios y diferentes elementos probatorios.
El reclamo presentado ante la Legislatura busca avanzar tanto sobre la investigación del caso particular como sobre el marco procesal que San Juan deberá utilizar ante delitos que involucren a adolescentes. La familia resumió su planteo en la carta presentada ante la Cámara de Diputados con una frase: “Sin esa ley, no hay justicia para Uriel. Sin esa ley, no hay protección para Uziel”.
Mientras continúa la investigación por la muerte del adolescente, el pedido ingresó al ámbito legislativo. Fabián Martín confirmó que se trabaja en las modificaciones necesarias y anticipó novedades. El proceso busca adecuar el procedimiento provincial al nuevo régimen penal juvenil vigente a nivel nacional.
