La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo de la defensa de Alberto Fernández para anular la causa iniciada tras la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género. El tribunal declaró inadmisible el recurso y el expediente seguirá bajo la intervención del juez federal Daniel Rafecas. La decisión fue adoptada por mayoría y mantiene la validez de las actuaciones realizadas durante la investigación, pese al posterior apartamiento del juez Julián Ercolini, quien había intervenido inicialmente en el caso.
La defensa pretendía que se declararan nulas las medidas adoptadas durante su intervención y que buena parte de la investigación se realizara nuevamente. La discusión se originó con el apartamiento de Ercolini, dispuesto por la Sala II de Casación. Ese tribunal consideró que existía una relación de enemistad manifiesta entre el magistrado y Fernández que afectaba su imparcialidad.
Tras esa resolución, la defensa del expresidente, encabezada por la abogada Silvina Carreira, planteó la nulidad absoluta de lo actuado. Sostuvo que, una vez apartado el juez, también debían quedar sin efecto las medidas, resoluciones, allanamientos y secuestros que había ordenado. Sin embargo, al resolver el apartamiento de Ercolini, Casación estableció expresamente que la decisión se tomaba “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.
Ese punto fue central en las resoluciones posteriores que rechazaron el intento de anular la investigación. Los jueces Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma votaron por declarar inadmisible la presentación de la defensa, mientras que Alejandro Slokar se pronunció en disidencia. La mayoría consideró que el recurso expresaba discrepancias con decisiones judiciales anteriores, pero no fundamentaba una cuestión federal que justificara la intervención de esa instancia.
También se tuvo en cuenta la denominada “doble conformidad judicial”, ya que tanto la primera instancia como la Cámara Federal habían rechazado previamente el pedido de nulidad. De ese modo, quedó vigente lo actuado durante la investigación. La causa está actualmente bajo la intervención del juez federal Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal N°3.
A fines de agosto, Rafecas ordenó una serie de medidas de prueba que habían sido solicitadas por la defensa de Fernández. Cuando estén disponibles los resultados de esas medidas, el magistrado deberá volver a analizar la situación procesal del expresidente. La Cámara Federal porteña indicó que deberá “reevalúe la situación del imputado”, lo que implica determinar si corresponde mantener el procesamiento y avanzar hacia un juicio oral o adoptar otra resolución, como una falta de mérito o un sobreseimiento.
El fiscal federal Ramiro González, quien encabezó la investigación, había considerado concluidas las averiguaciones y en agosto de 2025 solicitó que Alberto Fernández fuera llevado a juicio. La discusión sobre la nulidad de las actuaciones demoró aproximadamente un año el avance de la causa hacia esa instancia. Con el rechazo de Casación, la investigación conserva su validez y deberá continuar mientras se completan las medidas pendientes dispuestas por Rafecas.
Alberto Fernández está procesado en una investigación vinculada con episodios denunciados por Fabiola Yañez. La acusación incluye hechos relacionados con lesiones y amenazas coactivas, además de presuntos episodios de violencia psicológica. Según la acusación fiscal, uno de los episodios investigados habría ocurrido entre el 21 y 22 de junio de 2021, en una habitación de la Quinta de Olivos.
Fernández habría golpeado a Yañez en el rostro y le habría provocado un hematoma en un ojo. Otro de los hechos habría ocurrido antes del 12 de agosto de 2021, también en la Quinta de Olivos, cuando presuntamente la habría zamarreado y le habría provocado lesiones en un brazo.
