Buenos Aires, 28 septiembre (NA) — Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) deberá realizar inversiones directas adicionales por USD 600 millones y desistir de una demanda judicial iniciada contra el Estado en 2023. Así lo establece el acuerdo alcanzado tras la renegociación de la concesión aeroportuaria. La Decisión Administrativa contempla una recomposición del contrato mediante la extensión del plazo de concesión y fija nuevas obligaciones de inversión.
También establece condiciones para cerrar las controversias acumuladas entre la empresa y el Estado. De acuerdo con los análisis técnicos, económicos y financieros realizados por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la concesión se extenderá 11 años desde el vencimiento actualmente previsto. De ese modo, continuará hasta el 13 de febrero de 2049.
El acuerdo establece, además, una inversión directa adicional de USD 600 millones, IVA incluido. La ejecución de esas obras habilitará una ampliación de otros siete años para amortizarlas, sujeta al cumplimiento de condiciones específicas. AA2000 deberá demostrar antes del 30 de junio de 2027, mediante un informe de una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial, que dispone de los USD 600 millones requeridos.
También tendrá que completar el 75% de las obras correspondientes a esa inversión antes del 31 de diciembre de 2031. En el marco de la renegociación, el presidente Javier Milei se excusó de intervenir en todos los asuntos relacionados con AA2000, su grupo controlante, accionistas o sociedades vinculadas. La decisión se debió al vínculo profesional que mantuvo con el grupo empresario Corporación América, al que está vinculada la concesionaria, y fue adoptada por razones de decoro y delicadeza para preservar la confianza pública en la imparcialidad de las decisiones de gobierno.
Otro punto del acuerdo fue la Tasa Interna de Retorno (TIR) tomada como referencia para recomponer el equilibrio económico-financiero. AA2000 pretendía una tasa de poco menos del 17%, vinculada al Riesgo País y contractualmente exigible al Estado. La TIR de referencia resultante fue estimada en 14,30%, sin mecanismos que determinen su incremento automático.
La empresa también había solicitado incorporar a la renegociación una cláusula que contemplara un proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esa pretensión no fue aceptada. El entendimiento establece que el Estado Nacional y la empresa, incluidos sus accionistas, no tendrán reclamos mutuos por conceptos anteriores al Acta Acuerdo ni por las consecuencias de los perjuicios ocasionados a partir de la pandemia.
Se contempla una excepción para determinadas revisiones de inversiones de períodos anteriores. Como parte del cierre de las controversias entre las partes, AA2000 deberá poner fin a la demanda judicial iniciada en 2023 por la distorsión de la ecuación económico-financiera del contrato y desistir del derecho invocado.
