Buenos Aires, 19 noviembre (NA) – Mientras aumentan las presiones para incluir como prueba en la causa contra Martín Insaurralde los videos de Jésica Cirio con fajos de dólares, la Justicia postergó el análisis para determinar cuánto dinero había. Fuentes judiciales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, aceptó un pedido de la defensa del exintendente lomense para frenar el estudio de las imágenes. La decisión se debe a que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata debe resolver un planteo sobre la validez de los videos como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Si se considera que son aptos como evidencia, se continuará con el peritaje. Las defensas de Insaurralde y Cirio pidieron que las imágenes sean apartadas como evidencia, pero el fiscal Sergio Mola rechazó esa posibilidad. Ante esa negativa, la defensa de la modelo apeló la medida ante la Cámara, que todavía no se expidió.
Las imágenes, difundidas por algunos medios, muestran a Cirio en la mansión que compartió con Insaurralde en el country Fincas de San Vicente. Allí recorre una especie de vestidor, donde había fajos de dólares escondidos debajo de la ropa. Luego, la Fundación Apolo entregó los videos a la Justicia en un pendrive para que fueran incorporados como prueba.
En septiembre de este año, Rodríguez Ponte ordenó una pericia para determinar si los archivos son auténticos, cuándo fueron creados y si fueron modificados o manipulados. La organización se presentó como amicus curiae (amigos del tribunal) ante la Cámara platense para que los videos se incorporen a la causa. Sostuvo que son “particularmente relevantes” para determinar la existencia de los delitos investigados y busca que sean valorados en un eventual juicio oral. “La pertinencia probatoria no depende de la cantidad de registros audiovisuales aportados, sino de su capacidad para acreditar o refutar hechos relevantes para la investigación”, enfatizaron.
Por su parte, Poder Ciudadano, que actúa como querellante, también respaldó la incorporación de los videos por el “principio de amplitud probatoria”. “Si bien la DATIP en su informe explicó que por medios técnicos no se puede establecer el origen de los videos, nada impide que haya otros elementos de prueba que puedan complementarse con esos registros fílmicos para echar luz sobre el dinero que pudo tener en su haber el exfuncionario”, indicaron desde la entidad a esta Agencia.















