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CASEMICA cuestiona cambios del RIGI y pide proteger a proveedores mineros locales

CASEMICA cuestiona cambios del RIGI y pide proteger a proveedores mineros locales

La Cámara de Servicios Mineros y Afines de Calingasta (CASEMICA) rechazó el Decreto 1366/2026 del Gobierno nacional, que modifica la definición de proveedor local dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La entidad advirtió que el cambio podría perjudicar a las pequeñas y medianas empresas mineras de San Juan y pidió que se respete la legislación provincial de desarrollo minero. La modificación establece que las sociedades constituidas y domiciliadas en Argentina pueden ser reconocidas como proveedoras locales, sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni la composición de su capital.

Para CASEMICA, ese criterio no diferencia suficientemente a las empresas que trabajan en las comunidades cercanas a los proyectos de aquellas con estructura jurídica en el país, pero con capitales extranjeros. En un pronunciamiento firmado por su presidente, José Adolfo Ibaceta, y su secretario, Alfredo Amin, la institución calificó el cambio como una situación “incoherente y vergonzosa”. La cámara advirtió que las pymes de Calingasta podrían tener que competir por las mismas oportunidades comerciales con compañías de mayor estructura económica que operan desde otros puntos del país.

CASEMICA sostuvo que la definición de proveedor local debería contemplar distintos niveles de vinculación territorial con los emprendimientos mineros. Planteó que las primeras oportunidades tendrían que corresponder a las comunidades directamente relacionadas con los proyectos, entre ellas Calingasta; luego, a las empresas del resto de San Juan y, finalmente, a las de otras provincias argentinas. Para los representantes del sector, esa diferenciación es necesaria para que la actividad minera genere oportunidades económicas en las zonas donde se encuentran los recursos naturales.

Sin embargo, consideran que el decreto elimina esas distinciones y pone a las pymes departamentales frente a empresas extranjeras que pueden ser consideradas proveedoras locales por estar constituidas y domiciliadas en Argentina. La preocupación de la cámara también alcanza el destino de los beneficios económicos de la actividad y la posibilidad de que las empresas reinviertan sus ganancias dentro de la provincia. Los proveedores aseguran que acompañaron el RIGI desde su creación y aclararon que sus cuestionamientos no implican un rechazo a las grandes inversiones ni al desarrollo de la minería.

Las autoridades de CASEMICA señalaron que las pequeñas y medianas empresas de Calingasta respaldaron inicialmente la implementación del régimen porque consideraban que podía generar oportunidades para el departamento y para San Juan. También recordaron que los proveedores del territorio defendieron el RIGI cuando existían dudas sobre sus alcances y efectos. La institución considera que la minería es una actividad fundamental para el movimiento económico de las empresas que prestan servicios en el departamento.

A la vez, advirtió que el crecimiento de las inversiones debería estar acompañado por mecanismos que reconozcan a las firmas que trabajan en las comunidades mineras y reinvierten allí sus ingresos. Desde esa perspectiva, la cámara planteó que los proyectos deben generar oportunidades concretas para las empresas sanjuaninas, especialmente para las ubicadas en sus áreas de influencia. También cuestionó que una modificación mediante un decreto nacional pueda afectar los criterios de desarrollo local establecidos por la Legislatura provincial.

El pronunciamiento hizo referencia a la Ley Provincial N° 2827-M de Desarrollo Local Minero, sancionada por amplia mayoría por la Cámara de Diputados de San Juan el pasado 2 de julio. CASEMICA recordó que la norma surgió de un acuerdo entre el Gobierno provincial y las cámaras vinculadas con el sector minero, y la consideró una definición institucional sobre la participación de los proveedores locales. La cámara fundamentó su postura, además, en los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, que reconocen las competencias no delegadas de las provincias y su dominio originario sobre los recursos naturales.

A partir de esos principios, sostuvo que San Juan tiene legitimidad para definir políticas propias destinadas a promover el desarrollo de sus proveedores mineros. La entidad presentó esa interpretación en el marco de su reclamo para que se apliquen criterios territoriales en la contratación de bienes y servicios. Frente a este escenario, dirigió pedidos a las autoridades nacionales y provinciales, así como a los representantes legislativos.

En primer término, solicitó al Gobierno nacional que deje sin efecto el Decreto 1366, porque considera que sus disposiciones pueden reducir las oportunidades de participación de las empresas arraigadas en los departamentos mineros. Al Gobierno de San Juan le reclamó que defienda la Ley 2827-M y avance sin nuevas demoras con su reglamentación. Además, convocó a legisladores y a cámaras empresariales de las demás provincias mineras a expresar una posición conjunta frente a la modificación nacional.

El planteo de CASEMICA expone diferencias sobre el concepto de proveedor local dentro del RIGI y sobre el lugar que deben ocupar las pequeñas y medianas empresas de las comunidades vinculadas directamente con los proyectos. La institución reafirmó su respaldo al crecimiento de las inversiones, pero insistió en que las reglas de contratación deben contemplar el arraigo territorial y la reinversión de las ganancias en San Juan. El documento lleva las firmas de José Adolfo Ibaceta, presidente de CASEMICA, y Alfredo Amin, secretario de la entidad, quienes solicitaron medidas para preservar la participación de los proveedores de Calingasta en el desarrollo de la minería provincial.

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