Buenos Aires, 10 noviembre (NA) — Legisladores opositores paraguayos pidieron a la Fiscalía ampliar la denuncia contra Leticia Ocampos, esposa del destituido presidente Santiago Peña, y otros familiares y allegados políticos. Los senadores sostienen que esas personas habrían promovido una acción judicial para impedir el acceso a documentación clave en la investigación sobre Ueno Bank. Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Faisal Huespe, integrantes del Partido Cruzada Nacional, presentaron una petición formal ante la Fiscalía de Delitos Económicos para ampliar la denuncia penal en la causa 92/2026, conocida como el caso Ueno-Peña.
La presentación fue reportada por el diario ABC y conocida por Noticias Argentinas. La acción apunta contra Leticia Ocampos de Peña, familiares directos y allegados políticos de Santiago Peña, por la presunta comisión de hechos punibles de frustración de la persecución penal y otros delitos conexos. El planteo se enmarca en la investigación sobre las operaciones financieras de Ueno Bank SA, el Grupo Vázquez y Ueno Holding.
En noviembre de 2025, el juez Diego Alejandro Torres había hecho lugar a un pedido de amparo constitucional presentado por familiares y allegados de Peña. La acción buscaba impedir que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregara “documentos de carácter reservado de propiedad” de esas personas. El pedido formal de ampliación de la denuncia alcanza a integrantes del entorno familiar y político de Peña: Leticia Ocampos, ex primera dama y esposa de Santiago Peña; Carlos Antonio Ocampos Zelada, padre de la ex primera dama; María Teresa Villate Garcete, madre de la ex primera dama; Carlos Ocampos Villate, hermano de la ex primera dama; y Adriana Ocampos Villate, hermana de la ex primera dama.
También incluye a Ana Palacios de Peña, madre de Santiago Peña; José Cayetano Peña Nieto, padre de Santiago Peña; Gonzalo Peña Ocampos, hijo de Santiago Peña; Serenella Argaña Scavone, nuera de Santiago Peña; Manuel Peña Palacios y Francisco Peña Palacios, hermanos de Santiago Peña; Claudia Gómez Abente, cuñada de Santiago Peña y esposa de Manuel Peña; y Rocío Caballero Bosch, cuñada de Santiago Peña, casada con Francisco “Panchi” Peña. En el petitorio, los legisladores solicitaron ampliar la investigación sobre estas personas, registrar correos, preservar documentos y prohibirles salir del país o realizar movimientos financieros. Los parlamentarios señalaron que Peña integró la estructura accionaria del grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank hasta marzo de 2025.
Consideraron que ese antecedente vuelve relevante identificar los vínculos societarios y patrimoniales de su entorno familiar, especialmente durante el período en que se desarrollaron las operaciones financieras cuestionadas y se captaron importantes volúmenes de recursos de instituciones públicas y previsionales. Los legisladores sostuvieron que la investigación sobre Ueno Bank SA, el Grupo Vázquez y Ueno Holding no puede limitarse a las decisiones de los integrantes de sus directorios ni a las autoridades de los organismos públicos que intervinieron en la colocación de fondos estatales. También remarcaron que la información solicitada al Ministerio de Economía y Finanzas tenía importancia crítica porque permitía identificar con precisión las vinculaciones empresariales de los familiares del entonces mandatario.
Esas personas promovieron una acción judicial que terminó restringiendo la entrega de la documentación oficial. Peña fue accionista del grupo empresarial que integraba Ueno Bank hasta marzo de 2025. Tanto el banco como su conglomerado registraron un crecimiento meteórico durante los tres años en que Peña gobernó el país.
El banco captó grandes cantidades de fondos de entidades públicas, mientras que empresas vinculadas a su grupo obtuvieron numerosos contratos lucrativos con el Estado paraguayo, recordó el diario ABC. Al anunciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank el pasado martes, el Banco Central del Paraguay indicó que la entidad había perdido solvencia al conceder grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial. La semana pasada, el Ministerio Público imputó a Peña por los supuestos delitos de lesión de confianza y administración en beneficio propio.
Según el organismo, el exmandatario “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank.
