La Cámara de Diputados de San Juan aprobó una ley que permitirá subastar vehículos acumulados en depósitos judiciales antes de que pierdan su utilidad. La iniciativa busca agilizar los procedimientos, reducir el impacto ambiental y obtener recursos económicos a partir de esos bienes. La denominada ley de chatarra comprende autos, camionetas y motos radiados, decomisados o alcanzados por otras medidas que impidan que sus propietarios continúen utilizándolos.
Según su estado, podrán venderse completos para volver a circular o destinarse a la comercialización de sus autopartes, siempre que los informes técnicos lo permitan. El diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba explicó que uno de los objetivos es evitar que los vehículos permanezcan durante largos períodos en depósitos judiciales hasta deteriorarse por completo. “Esto es para poder evitar contaminación ambiental, para poder agilizar tiempos, para poder hasta inclusive recaudar un poco más”, sostuvo al explicar el alcance de la iniciativa. Córdoba señaló que subastar públicamente un vehículo que todavía puede utilizarse podría generar más ingresos que compactarlo y venderlo como chatarra.
De esta manera, la normativa prevé distintas alternativas para cada unidad, de acuerdo con su estado y las evaluaciones que se realicen. Antes de definir el destino de cada vehículo, deberán intervenir la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Seguridad. Ambas áreas elaborarán informes para establecer si las unidades están en condiciones de volver a utilizarse.
Si los estudios son favorables, los vehículos podrán incorporarse a una subasta pública para que vuelvan a circular. La ley también contempla que, cuando corresponda, se comercialicen partes en lugar de vender la unidad completa. La norma sancionada todavía deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial para comenzar a aplicarse.
Córdoba indicó que el procedimiento estaría a cargo del Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. El diputado no precisó cuánto tiempo podría llevar la reglamentación. El Ejecutivo deberá definir aspectos operativos, como qué vehículos podrán incorporarse a las subastas y con qué frecuencia se realizarán.
Esas decisiones dependerán de los informes de las áreas de Ambiente y Seguridad y de las disposiciones que establezca la reglamentación. Los fondos obtenidos por la venta tampoco tendrán un destino general, ya que la ley establece finalidades específicas para el dinero recaudado. Según explicó Córdoba, entre esos destinos figuran obras vinculadas con cuestiones sociales, programas ambientales y otras acciones contempladas en la normativa.
La intención es combinar la recuperación económica de los vehículos que todavía tengan utilidad con la reducción de los problemas ambientales que ocasiona su acumulación en los depósitos. Además, la venta de una unidad completa podría generar más ingresos que su comercialización únicamente como material de descarte. La nueva ley no modifica el criterio vigente para quienes pierden un vehículo por un decomiso. “Si se le decomisa el vehículo, pierde el dominio del vehículo”, explicó Córdoba al referirse a la situación jurídica del propietario.
A partir de ese momento, la eventual subasta dependerá del cumplimiento de las condiciones previstas en la ley y de los informes que determinen el destino de la unidad. Tras la sanción legislativa, el próximo paso será la reglamentación del Poder Ejecutivo provincial. Allí deberá establecerse el procedimiento definitivo para poner en marcha las subastas y determinar cómo se administrarán los vehículos comprendidos por la norma.
