Buenos Aires, 21 octubre (NA) — La Cámara de Diputados realizará este miércoles una sesión especial para debatir un amplio temario. Entre los proyectos incluidos están los de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Discapacidad, morosidad familiar, combate al vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llega a la Cámara baja con media sanción.
En el Senado, la oposición peronista eliminó los capítulos relacionados con la Ley de Manejo del Fuego y con la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dado que el artículo 154 del DNU 70/23 ya estaba derogado. El Gobierno busca ahora restituir la Ley de Tierras durante el tratamiento en Diputados. La propuesta se retoma después de que la sociedad expresara su rechazo a la extranjerización y de que la oposición amenazara con dejar sin efecto el DNU 70.
La iniciativa reafirma límites a la extranjerización del 30% a nivel nacional, provincial y departamental. También establece un tope de 1000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera. La versión que quedó del proyecto de Propiedad Privada tras los cambios del Senado incluye modificaciones a la Ley de Expropiaciones.
Estas restringen las facultades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles y reforman la ley de Desalojos para reducir los plazos judiciales de restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares. En materia de expropiaciones, el dictamen de mayoría fija un límite del 30% para la indemnización por lucro cesante, siempre que esté debidamente acreditado. El proyecto original no establecía un porcentaje.
Para los opositores, vincular el derecho público y el bien común con el cálculo del éxito comercial de una empresa privada desvirtúa la "función social de la propiedad". En los casos de desalojo por usurpación, el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble e intimar su devolución dentro de las 72 horas, si lo solicita el propietario. Para hacerlo, el dueño deberá presentar prueba documental de que es titular del terreno, la vivienda o el campo.
En los desalojos por mora, cuando no hay una usurpación directa, los inquilinos tendrán al menos 10 días para regularizar la deuda luego de recibir la intimación de pago. El plazo se cuenta desde la notificación y antes de que el locador pueda iniciar la acción de desalojo. El proyecto prevé un protocolo de vulnerabilidad con un plazo máximo de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria.
El mecanismo contempla la intervención del Ministerio Público Tutelar cuando entre las personas que ocupan el inmueble haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados. La iniciativa también modifica la ley "Pierri" de regularización dominial. La reforma permitiría acceder a la escritura de una vivienda única a familias que puedan demostrar una posesión pacífica durante los 10 años anteriores.
Además, reconoce la figura de la "ocupación temporánea anormal", por un plazo de 90 días, prorrogable una sola vez. Se aplicaría ante circunstancias graves y verificables de necesidad pública, como emergencias sanitarias, conflictos armados y desastres naturales. En cuanto al proyecto sobre Discapacidad, el oficialismo cuenta con un dictamen acordado a partir de concesiones solicitadas por Argentina Federal y el MID.
La propuesta se denomina "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad". El texto incorpora casi todo el esquema de beneficios de la ley 27.793 sobre Discapacidad, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. La convertiría en una norma de orden público y de efectos permanentes, que excederían los gobiernos de turno.
Para La Libertad Avanza, el proyecto constituye una versión "superadora" de la ley de emergencia. La oposición, integrada por Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca, busca prorrogar esa emergencia por un año más, hasta el 31 de diciembre del 2027. Entre los puntos que se mantienen está la compatibilidad entre el cobro de una pensión contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, para titulares del CUD y el empleo formal o el monotributo.
Para acceder a esa compatibilidad, los ingresos no deberán superar los dos salarios mínimos vitales y móviles. También se conserva el principio de nomenclador único y se ratifica la actualización automática periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria. Además, se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes reciben la pensión por discapacidad.
En relación con el financiamiento, el proyecto establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal del año anterior. También crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo. A pedido de aliados, se incorporó una cláusula transitoria que exige un cronograma para pagar las compensaciones atrasadas a prestadores.
El Poder Ejecutivo Nacional tendrá un plazo máximo de 30 días para reglamentarla. La oposición sostiene la prórroga de la emergencia por un año, hasta el 31 de diciembre de 2027, porque considera que establece mayores condiciones de exigibilidad para que los jueces resuelvan de manera perentoria las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones adeudadas a prestadores. Además, señala que el proyecto oficialista mantiene separadas la pensión por invalidez laboral y la pensión por discapacidad, y que endurece los requisitos.
También cuestiona que la evaluación para acceder a la pensión y su compatibilidad con el trabajo queden sujetas a la reglamentación, y afirma que podrían suspenderse pensiones sin debido proceso, mediante un simple cruce de datos. Según la oposición, la iniciativa tampoco garantiza el financiamiento ni el pago de la deuda con los prestadores, y no resuelve el atraso arancelario del 30,67%. Para el proyecto sobre morosidad familiar, el dictamen de mayoría corresponde al oficialismo y a sus aliados del PRO y la UCR.
La propuesta pone el foco en brindar información detallada sobre créditos al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no establece tasas máximas ni planes de refinanciación para deudores críticos. El proyecto se denomina "Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores". Uno de sus ejes es la transparencia y el acceso a la información sobre créditos al consumo, en especial los de corto plazo, que suelen tener tasas más altas.
La iniciativa también aborda la precancelación de deudas, la trazabilidad completa de las obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo de cada persona dentro de las entidades bancarias y las plataformas. Por su parte, el proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominado "ley de regularización y alivio financiero", declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas. Podrían adherir personas con más de 60 días de mora y deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, equivalentes actualmente a 3.265.010 pesos.
La cuota no podrá superar el 30% de los ingresos de las personas. Quienes quieran adherir voluntariamente deberán iniciar el trámite ante su acreedor y, si este no acepta la gestión, intervendrá el Banco Central. El proyecto de UP y PU limita la tasa de interés en función del Costo Financiero Total, pero garantiza a los acreedores una ganancia moderada mediante un plus sobre la tasa de refondeo mayorista (TAMAR).
También condona el 100% de los intereses punitorios, mantiene el capital y fija límites a los intereses compensatorios. La iniciativa incorpora, además, capítulos sobre portabilidad financiera, cobranzas abusivas y educación financiera. En materia de medicamentos, se tratará un dictamen único firmado por unanimidad para crear un Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud, con foco en fármacos de alto riesgo.
La autora principal de la iniciativa es Silvana Giudici, de La Libertad Avanza. El proyecto se presentó como respuesta a la tragedia sanitaria que comenzó en abril del 2025, cuando el fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo causó al menos 90 muertes y afectó a otras 44 personas. A raíz de esa crisis, la Cámara de Diputados creó por unanimidad una Comisión Especial Investigadora, cuyo informe final recomendó la trazabilidad de medicamentos críticos.
El debate comenzó el 8 de septiembre del año pasado. El dictamen también incorporó aspectos de los proyectos presentados por los diputados Pablo Juliano, de Provincias Unidas, y Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria. La propuesta establece la trazabilidad obligatoria y en tiempo real de los fármacos inyectables parenterales —intravenosos, intramusculares e intratecales, entre otros— y de sus materias primas.
También busca “establecer el deber de notificación inmediata por parte de las instituciones de salud públicas y privadas respecto del uso de medicamentos de alto riesgo, la ocurrencia de brotes infecciosos intrahospitalarios y la aparición de eventos adversos graves que puedan comprometer la salud pública”. El proyecto exige un registro digital en cada etapa, desde la importación, la producción y la distribución hasta la administración efectiva del medicamento. Esta última deberá quedar vinculada al identificador clínico del paciente dentro del establecimiento hospitalario.
Además, crea un Protocolo de Eventos Críticos de Salud, que se activará ante sospechas de contaminación o eventos adversos. El mecanismo obliga a notificar simultáneamente a Nación, las provincias y la ANMAT dentro de las 24 horas. También se establece el Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud (SNATECS), de carácter obligatorio y digital, bajo la órbita de la ANMAT.
El sistema permitirá emitir avisos inmediatos a nivel nacional y bloquear preventivamente los lotes sospechosos en un plazo máximo de 6 horas. La iniciativa incorpora un régimen sancionatorio especial para faltas graves, como la falsedad u omisión de datos de trazabilidad o el incumplimiento de las inmovilizaciones. Las sanciones incluyen multas elevadas, suspensiones, clausuras definitivas y decomiso.
La aplicación será federal, se articulará mediante el Consejo Federal de Salud (COFESA) y tendrá alcance en todas las jurisdicciones. Otro de los proyectos, impulsado por el PRO y avalado por LLA, la UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales, busca incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal. La iniciativa plantea sanciones de hasta 8 años de cárcel por la intrusión en campos y los ataques al sistema de producción agropecuaria.
El autor del proyecto es el diputado Martín Ardohain, del PRO. El texto establece penas de prisión de un mes a un año para quien ingrese a un establecimiento rural, un terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. En tanto, "será reprimido con dos a ocho años y multas de hasta 12 veces el valor del daño quien destruya o dañe el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario, o cereales u oleaginosas todavía no cosechadas, o que luego de recolectadas se conserven o guarden en parvas, gavillas, bolsas, silobolsas, tolvas u otros sitios o unidades de almacenamiento".
