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Detuvieron a un penitenciario de La Rioja por presunto ingreso de drogas

Detuvieron a un penitenciario de La Rioja por presunto ingreso de drogas

Buenos Aires, 14 octubre (NA) – Un agente del Servicio Penitenciario de La Rioja fue detenido durante un operativo de la Policía Federal por su presunta vinculación con el ingreso de drogas y teléfonos celulares a la cárcel provincial. La directora del organismo, Analía Tello, confirmó que el trabajador cumplía funciones en el área de requisas, encargada de controlar la entrada de elementos prohibidos. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento se realizó durante la tarde del lunes 12 de octubre y fue informado este martes por medios riojanos.

En el operativo participó personal de la División Unidad Operativa Federal La Rioja de la Policía Federal Argentina. La investigación busca determinar si el agente cobraba dinero a internos a cambio de introducir estupefacientes y celulares. Esa modalidad forma parte de la sospecha bajo análisis, pero no se difundió una sentencia que la dé por acreditada ni un monto comprobado de los presuntos cobros.

El procedimiento incluyó allanamientos en celdas del pabellón federal y en otros puntos de la capital provincial. Las publicaciones locales no precisaron oficialmente el resultado de los registros, las cantidades de sustancias que eventualmente se encontraron ni cuántas personas quedaron alcanzadas por otras medidas. Medios Provincia y Fénix identificaron como autoridad judicial interviniente al juez federal Herrera Piedrabuena, con actuación de la Secretaría de José Luis Combina.

También informaron que el agente quedó alojado en el Cuartel de Bomberos de la Provincia. Tello describió la situación como un golpe institucional y remarcó la tarea que tenía asignada el detenido: revisar e impedir el ingreso de objetos prohibidos. Sus declaraciones, recogidas por Eduardo German, ubicaron al sospechoso en un sector sensible del control penitenciario.

El caso se da en un servicio que ya afrontaba dificultades de infraestructura. A comienzos de octubre, la directora había informado que había 552 personas y una capacidad operativa de 287 plazas. Ese diagnóstico es anterior al procedimiento y no demuestra por sí mismo una relación causal con la maniobra investigada.

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