El diputado nacional Agustín Rossi, de Unión por la Patria y exministro de Defensa, cuestionó este sábado 10 de octubre el programa de ciudadanía por inversión anunciado por el Gobierno de Javier Milei. Advirtió que la iniciativa podría permitir que ciudadanos extranjeros obtengan la nacionalidad argentina mediante aportes económicos y, de ese modo, eludan las restricciones de la Ley de Tierras. En una entrevista con Splendid AM 990, Rossi sostuvo que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el programa presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, “habilitan la venta de la ciudadanía argentina a cambio de inversiones extranjeras”.
El dirigente opositor centró sus críticas en las condiciones económicas previstas y en las posibles consecuencias sobre la propiedad de tierras rurales y el control de recursos naturales. El programa se anunció oficialmente el 2 de octubre, durante la Argentina Week realizada en París. Contempla un aporte directo de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de 800.000 dólares, y prevé mecanismos para incluir a familiares del solicitante principal.
Uno de los argumentos de Rossi es que inversores extranjeros podrían obtener la ciudadanía argentina y acceder luego a derechos que actualmente están limitados para quienes no tienen esa condición. Según planteó, el mecanismo podría funcionar como una vía para superar las restricciones de la Ley de Tierras sobre la titularidad de superficies rurales por parte de extranjeros. En ese sentido, afirmó que “cualquier inversor extranjero que adquiera la ciudadanía bajo esta modalidad queda exento de los topes de dominio territorial”.
Su advertencia se relaciona con el alcance de las normas sobre adquisición de tierras rurales y con su eventual aplicación a quienes obtengan la nacionalidad mediante el nuevo procedimiento. Se trata de una interpretación planteada por Rossi, cuyo alcance jurídico concreto dependerá de la normativa aplicable y de su implementación. El esquema presentado por el Gobierno nacional contempla distintas modalidades económicas para quienes quieran solicitar la ciudadanía argentina.
La primera opción consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional. La segunda prevé suscribir un título público creado específicamente para el programa, por un valor de 800.000 dólares. La iniciativa fija condiciones particulares para cónyuges e hijos del solicitante principal.
Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, podrán presentar solicitudes mediante un aporte de 100.000 dólares; para los menores de 18 años, el monto previsto es de 25.000 dólares. Según el ejemplo difundido por el Ministerio de Economía, una familia integrada por el solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podría pedir la ciudadanía mediante un aporte total de 500.000 dólares. El Gobierno informó que el programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y que las personas interesadas deberán pasar por procedimientos de evaluación y controles de seguridad.
Rossi relacionó el programa de ciudadanía con otras decisiones económicas impulsadas por la administración de Javier Milei. Entre ellas mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que vinculó con una política destinada a facilitar la llegada de capitales extranjeros. El legislador puso en duda que este tipo de beneficios sea indispensable para atraer inversiones.
Según su posición, la Argentina ya cuenta con recursos naturales y actividades productivas capaces de generar interés entre inversores internacionales, sin necesidad de regímenes especiales. En ese marco, consideró que algunas actividades vinculadas con recursos estratégicos podrían desarrollarse sin ampliar los beneficios regulatorios. También se refirió al empresario tecnológico Peter Thiel y a iniciativas vinculadas con el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.
En particular, cuestionó propuestas relacionadas con la creación de sociedades comerciales basadas exclusivamente en algoritmos. Además, planteó que las medidas económicas podrían favorecer la conformación de economías de enclave en regiones con recursos naturales. Rossi utilizó ese concepto para describir su preocupación por actividades económicas concentradas en determinados territorios y vinculadas principalmente con grandes inversiones.
Relacionó ese escenario con las restricciones vigentes sobre la propiedad de la tierra y con la posibilidad de que nuevos mecanismos para acceder a la ciudadanía modifiquen las condiciones para adquirir superficies rurales. Desde su perspectiva, las decisiones del Gobierno responden a una orientación económica que busca flexibilizar las regulaciones sobre inversiones y propiedad territorial. Estas consideraciones integran la posición política expresada por Rossi y no constituyen una conclusión sobre los efectos efectivos del programa.
Las críticas del diputado también se expresaron en iniciativas legislativas. El 2 de octubre, Rossi presentó junto con la diputada Kelly Olmos un proyecto de ley identificado con el expediente 5254-D-2026. La propuesta plantea modificar la Ley 346 de Ciudadanía para prohibir el otorgamiento de la nacionalidad argentina por naturalización a cambio de pagos, aportes, donaciones, inversiones, adquisición de bienes o suscripción de títulos públicos o privados.
El proyecto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados. El 6 de octubre, Rossi y la diputada Florencia Carignano presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el Programa de Ciudadanía por Inversión, mediante el expediente 5330-D-2026. Ambas iniciativas forman parte de las acciones parlamentarias del legislador contra el mecanismo anunciado por el Gobierno.
La administración nacional presentó la ciudadanía por inversión como una herramienta para promover el ingreso de capitales y fortalecer la integración económica internacional de la Argentina. Según la explicación oficial, el procedimiento incorporará controles de antecedentes, transparencia financiera y evaluación de riesgos, con recomendaciones internacionales en materia de prevención de delitos financieros como referencia. El Ejecutivo también indicó que las solicitudes deberán superar evaluaciones destinadas a preservar la seguridad nacional y la integridad del sistema financiero.
La posibilidad de presentar una solicitud mediante un aporte económico no significa, por sí sola, que la ciudadanía se otorgue automáticamente. Esa diferencia es relevante frente a los cuestionamientos de Rossi, quien considera que el mecanismo modifica el criterio tradicional de acceso a la nacionalidad y puede tener consecuencias sobre otras regulaciones. Sus declaraciones se producen en medio de una discusión política y judicial sobre la legislación que regula la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras.
El viernes 9 de octubre, la Corte Suprema dispuso suspender provisionalmente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, relacionado con la derogación de la Ley de Tierras. La decisión sumó un nuevo elemento al debate sobre las restricciones a la adquisición de superficies rurales y las iniciativas del Gobierno para modificar el marco regulatorio. En ese contexto, el programa de ciudadanía por inversión abrió otra discusión sobre la relación entre nacionalidad, inversiones extranjeras y derechos de propiedad.
Mientras el Ejecutivo sostiene que la iniciativa permitirá atraer capitales mediante un procedimiento sujeto a controles, Rossi advierte que podría facilitar vías para superar limitaciones legales vigentes. El debate continuará en el ámbito legislativo, donde siguen presentados tanto el proyecto que busca prohibir el otorgamiento de ciudadanía a cambio de aportes económicos como el pedido de informes sobre las características y condiciones del programa anunciado por el Ministerio de Economía.
