La Unión Industrial Argentina (UIA) intensificó sus reclamos al Gobierno de Javier Milei por el crecimiento del contrabando y el efecto del comercio ilegal sobre la producción nacional. Un relevamiento de septiembre de 2026 indicó que casi seis de cada diez industrias consideran que esas prácticas perjudican significativamente sus operaciones. La preocupación también fue expresada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), que reclamaron fortalecer los mecanismos de control ante el ingreso irregular de mercaderías.
En ese marco, representantes de la UIA se reunieron con autoridades de la Dirección General de Aduanas para presentar un diagnóstico y avanzar en una agenda de trabajo conjunta. La entidad propuso mejorar la fiscalización en los pasos fronterizos, controlar las operaciones comerciales informales y revisar aspectos de las normas sobre envíos internacionales. La III Encuesta UIA, realizada en septiembre de 2026 entre 628 empresas industriales, mostró que el 59,7% calificó como alto o muy alto el impacto del comercio ilegal sobre sus actividades.
La información sobre las empresas que reportaron ese nivel de impacto corresponde a una base general de 628 compañías. El relevamiento también mostró diferencias entre sectores productivos. Las actividades vinculadas con los metales comunes, la industria textil, el cuero y el calzado figuran entre las más afectadas.
Los resultados indican que la preocupación atraviesa distintas ramas de la producción, aunque es más intensa en aquellas en las que las empresas identifican una competencia significativa de mercaderías comercializadas por canales informales. Desde la UIA señalaron que esta situación agrega dificultades para los establecimientos que cumplen con sus obligaciones fiscales y comerciales. El jueves 8 de octubre, representantes de la Unión Industrial Argentina mantuvieron una reunión de trabajo con el director general de Aduanas, Andrés Velis.
El encuentro buscó presentar un diagnóstico institucional sobre las consecuencias del comercio ilegal y establecer mecanismos de articulación entre los sectores público y privado. También participaron la directora adjunta de Aduanas, María Eugenia Rodríguez Campos, y la subdirectora de Control Aduanero, Samanta Franco. Durante la reunión analizaron las gestiones del organismo y la posibilidad de aplicar medidas para reforzar la fiscalización sin obstaculizar las operaciones comerciales que cumplen con la normativa.
La UIA planteó que se necesita una intervención coordinada para evitar que las empresas que operan formalmente sigan enfrentando condiciones de competencia desiguales. Entre los principales reclamos, la entidad destacó la necesidad de mejorar las inspecciones aduaneras. De acuerdo con la encuesta, el 33% de los ejecutivos consultados consideró prioritario avanzar con controles más eficaces sobre el movimiento de mercaderías.
Entre las propuestas de la UIA se encuentran ampliar los horarios de funcionamiento de los pasos fronterizos e incorporar más escáneres y herramientas tecnológicas de fiscalización. La entidad también propuso implementar declaraciones electrónicas anticipadas, mejorar las inspecciones mediante perfiles de riesgo, realizar auditorías posteriores a las operaciones comerciales y fortalecer el control sobre el comercio electrónico. Además, pidió revisar las recientes desregulaciones del sistema de courier.
Las propuestas buscan incorporar mecanismos utilizados internacionalmente para identificar operaciones irregulares y mejorar la capacidad de fiscalización. Otro de los puntos del reclamo industrial se relaciona con el crecimiento de las operaciones informales a través de plataformas digitales. Según la encuesta de la UIA, cuatro de cada diez compañías afirmaron que la informalidad vinculada con el comercio electrónico afecta sus actividades, en particular a través de redes sociales y plataformas de compraventa.
El relevamiento también indicó que el 19,1% de los empresarios reclama más fiscalización de la facturación y de las operaciones comerciales informales. Por su parte, el 15,1% consideró necesario avanzar con regulaciones específicas para el comercio electrónico. La preocupación se concentra en operaciones que se desarrollan sin cumplir las mismas obligaciones que deben afrontar las empresas y los comercios registrados.
En ese contexto, la UIA pidió revisar las modificaciones normativas aplicadas al sistema de courier, que se utiliza para el ingreso de productos provenientes del exterior. El reclamo contra el contrabando también fue impulsado por el sector sindical. Desde 2025, el secretario general de SUPARA, Daniel Mallotti, manifiesta su preocupación por las consecuencias del comercio ilegal y las condiciones en que se realizan las tareas de fiscalización.
Durante 2026, el dirigente profundizó sus cuestionamientos y apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Mallotti vinculó las “políticas de ajuste y desregulación” con “el crecimiento del contrabando y su impacto en la industria nacional y el comercio formal en Argentina”. Desde el sindicato sostienen que los cambios en las condiciones laborales, los salarios y las funciones del organismo aduanero tienen consecuencias sobre su capacidad de control.
Esa es la interpretación planteada por la organización gremial, mientras continúa abierto el debate sobre las causas del crecimiento del comercio ilegal. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios también cuestionó las consecuencias del contrabando. La entidad solicitó “reforzar los controles fronterizos, para evitar el daño que hace a nuestra industria y las pérdidas fiscales millonarias que provoca el contrabando”.
El planteo incluye el impacto de esas operaciones sobre las empresas que cumplen las normas comerciales y sobre la recaudación tributaria. Los comerciantes advierten que la circulación de productos ingresados ilegalmente genera una competencia desigual, ya que esas operaciones pueden eludir obligaciones impositivas y otros costos que afrontan los establecimientos formales. La situación se suma a las dificultades que distintos sectores industriales señalan frente a la competencia con mercaderías importadas.
La reunión de la UIA con las autoridades aduaneras abrió una instancia de diálogo para abordar el problema. Hasta el momento en que se conoció el reclamo, el Gobierno nacional no había difundido una respuesta pública específica a las propuestas de la entidad industrial. El sector empresario busca avanzar con una agenda técnica para mejorar las inspecciones, fortalecer los controles sobre las operaciones comerciales y reducir la circulación de mercaderías ilegales.
La preocupación también persiste entre los trabajadores aduaneros y las entidades comerciales, que solicitan medidas ante las consecuencias del contrabando. El dato central del reclamo es que el 59,7% de las 628 empresas relevadas por la UIA considera que el comercio ilegal tiene un impacto alto o muy alto en sus operaciones, lo que llevó a los industriales a intensificar sus gestiones ante las autoridades nacionales.
