La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso este viernes 9 de octubre una medida cautelar que restablece provisoriamente la vigencia de la Ley de Tierras, que establece restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La resolución modificó el escenario parlamentario y generó diferencias entre los bloques opositores que convocaron a una sesión especial para intentar rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei. La medida suspendió los efectos del artículo 154 del decreto, que había eliminado las limitaciones establecidas por la legislación sobre tierras rurales.
Es provisional y no constituye una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación. El pronunciamiento también alteró las negociaciones en la Cámara de Diputados. Hasta el jueves, el kirchnerismo y sus aliados estaban cerca de reunir los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión prevista para el próximo 15 de octubre.
Tras la restitución provisoria de la ley, algunos sectores de la oposición comenzaron a reconsiderar su participación. Esa posibilidad podría favorecer al oficialismo en su objetivo de mantener vigente el DNU. El fallo fue adoptado por una mayoría integrada por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; Ricardo Lorenzetti; y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
Carlos Rosenkrantz votó en disidencia respecto de la medida cautelar. La resolución se originó en una presentación judicial vinculada con la protección ambiental y los derechos de comunidades indígenas, después de que un pronunciamiento anterior del máximo tribunal modificara la situación jurídica de la Ley de Tierras. Con esta nueva decisión, las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros vuelven a regir mientras continúa la tramitación judicial.
El expediente deberá seguir su curso ante la Justicia Federal de Bariloche, que tendrá que intervenir en las cuestiones pendientes. Unión por la Patria ratificó que mantendrá la sesión especial convocada para el jueves 15 de octubre. El bloque considera que la restitución provisoria de la Ley de Tierras no resuelve definitivamente el conflicto y sostiene que el Congreso debe pronunciarse sobre el DNU 70/2023.
En un comunicado, los legisladores expresaron: “Las tierras de los argentinos no pueden depender del humor de la Corte. Por eso el próximo jueves estaremos en la Sesión Especial para defender nuestras tierras, los derechos de las personas con discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias”. Desde ese espacio también vincularon la decisión judicial con las manifestaciones y los reclamos de organizaciones sociales y ciudadanos en defensa de las restricciones a la extranjerización de tierras. “Empujada por una sociedad movilizada detrás de una causa sensible, la Corte Suprema de Justicia tuvo que volver sobre sus pasos y repuso la cautelar para que rija la Ley de Tierras, que Milei busca derogar con el DNU 70/2023”.
La posición de Unión por la Patria mantiene abierta la convocatoria parlamentaria, aunque todavía no está garantizada la presencia de los legisladores necesarios para iniciar el debate. Uno de los puntos centrales es qué postura adoptarán los sectores opositores que mantienen canales de negociación con el Gobierno nacional. Antes del fallo, Unión por la Patria y sus aliados tenían posibilidades de alcanzar el quórum con el acompañamiento de algunos legisladores de Argentina Federal, Elijo Catamarca y una parte importante de Provincias Unidas.
La decisión de la Corte modificó las condiciones de esa negociación. Algunos bloques comenzaron a evaluar si no participar de la sesión del jueves 15 y aceptar una propuesta del oficialismo para discutir otros temas legislativos el miércoles 21 de octubre. Entre las iniciativas que podrían incluirse en esa agenda figuran proyectos sobre los derechos de las personas con discapacidad y el endeudamiento de las familias.
La posibilidad de modificar el calendario parlamentario genera diferencias entre quienes consideran necesario avanzar con el rechazo del DNU y quienes prefieren concentrarse en acuerdos sobre temas específicos. Entre los dirigentes que se pronunciaron a favor de mantener la sesión especial están la referente de izquierda Myriam Bregman y el diputado socialista Esteban Paulón. Ambos sostienen que la decisión judicial no elimina la necesidad de que el Congreso analice el decreto presidencial.
Paulón cuestionó el pronunciamiento anterior del máximo tribunal y consideró que la nueva resolución representa una rectificación. “La Corte toma nota del moco que se mandó con la ley de tierras y da marcha atrás. Vuelve a poner en vigencia la normativa original. El escenario de rechazo parlamentario al DNU 70 y el repudio social que generaron su decisión le paso factura.
Más allá de esta decisión, HAY QUE VOLTEAR EL DNU 70 de todos modos”. Su postura coincide con la intención de Unión por la Patria de mantener el tratamiento parlamentario, independientemente de la restitución provisoria de las restricciones sobre tierras rurales. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, también se refirió a la decisión de la Corte Suprema.
Señaló que la medida vuelve a suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 y permite restablecer las limitaciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Ferraro destacó las manifestaciones de organizaciones, comunidades y ciudadanos que reclamaron la continuidad de la normativa. “No tengo dudas de que la movilización y el reclamo de organizaciones, comunidades y ciudadanos de todo el país fueron fundamentales para esta decisión. Hasta tanto el juzgado de Bariloche no se pronuncie, ¡la Ley de Tierras vuelve a estar vigente!
No nos distraigamos, sigamos alerta”. Sin embargo, el dirigente no confirmó si acompañará la sesión especial prevista para el próximo jueves. Esa definición está entre las decisiones pendientes de los sectores opositores que aún no fijaron una posición común.
Para el oficialismo, el fallo modificó las condiciones políticas de la discusión parlamentaria. La restitución provisoria de la Ley de Tierras reduce uno de los principales motivos de desacuerdo entre el Gobierno y algunos bloques que suelen acompañar determinadas iniciativas del Poder Ejecutivo. La Libertad Avanza busca evitar que la oposición reúna los legisladores necesarios para abrir la sesión y avanzar con el rechazo del DNU.
La estrategia también contempla trasladar parte del debate parlamentario al miércoles 21 de octubre, cuando podrían discutirse iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento. De todos modos, el Gobierno todavía depende de las decisiones de los espacios dialoguistas. La definición parlamentaria estará vinculada con la postura de bloques que mantienen relaciones políticas con distintos gobernadores.
Entre los espacios mencionados están Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca e Independencia. Las negociaciones involucran a sectores relacionados con los mandatarios provinciales Hugo Passalacqua, de Misiones; Gustavo Sáenz, de Salta; Raúl Jalil, de Catamarca; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Dentro de esas representaciones conviven distintas posiciones sobre la conveniencia de participar de la sesión especial.
Por eso, la posibilidad de alcanzar los 129 diputados presentes seguirá dependiendo de las negociaciones de los próximos días. La Cámara de Diputados mantiene convocada una sesión especial para el jueves 15, pero su realización depende de que se alcance el quórum reglamentario. Unión por la Patria, junto con sectores de izquierda y del socialismo, sostiene la necesidad de avanzar con el tratamiento del DNU 70/2023.
En cambio, otros espacios evalúan modificar la estrategia después de que la Corte restableciera provisoriamente las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La diferencia entre ambos sectores se centra en si conviene intentar rechazar el decreto completo o continuar las negociaciones sobre iniciativas legislativas específicas. La decisión de la Corte Suprema no resolvió definitivamente la discusión judicial sobre la Ley de Tierras, pero modificó el escenario político en el Congreso.
Con la sesión prevista para el 15 de octubre y la posibilidad de una nueva convocatoria el miércoles 21, el oficialismo y los bloques opositores deberán definir sus posiciones en una negociación que incluye la continuidad del DNU 70/2023, las restricciones a la extranjerización de tierras y otros proyectos de la agenda parlamentaria.
