El presidente Javier Milei protagonizó este viernes 9 de octubre un nuevo enfrentamiento público con Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de la consultora Eco Go. La discusión se inició a partir de las declaraciones de la economista sobre el impacto fiscal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Dal Poggetto estimó que los beneficios impositivos del régimen representan un gasto tributario de aproximadamente US$ 8.500 millones.
También planteó que algunos proyectos incluidos en el programa podrían haberse concretado de todos modos, por las características económicas de sus actividades. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respondió primero desde el Gobierno nacional. Defendió el esquema de incentivos y cuestionó la interpretación de la economista.
Luego, Milei respaldó públicamente al funcionario en una publicación en redes sociales. Allí calificó a Dal Poggetto de “ignorante” y extendió sus críticas a otros economistas argentinos. El Presidente intervino en la discusión a través de su cuenta de X, donde compartió los argumentos de Sturzenegger y se refirió al intercambio con la expresión “COLOSO acomoda a IGNORANTE”.
En la misma publicación, cuestionó la preparación profesional y las motivaciones de algunos economistas que discrepan con las políticas de su administración. Milei planteó que las críticas al programa económico pueden responder tanto a diferencias conceptuales como a posiciones contrarias a su gestión. Así, una discusión técnica sobre los beneficios impositivos del RIGI pasó al terreno de la confrontación pública entre el Gobierno y una economista que analiza la evolución de la actividad económica argentina.
La directora ejecutiva de Eco Go centró su planteo en el costo fiscal de los beneficios tributarios para los proyectos que ingresan al régimen. Según su estimación, el gasto tributario es de aproximadamente US$ 8.500 millones, entendido como el monto de impuestos que el Estado dejaría de percibir por los tratamientos especiales previstos para esas inversiones. La economista también puso en cuestión la necesidad de esos incentivos para concretar determinados proyectos.
Sostuvo que algunos podrían haberse desarrollado aun sin los beneficios del RIGI, debido a las características de sus actividades económicas. Ese planteo abrió el debate sobre qué parte de la inversión asociada al régimen puede atribuirse a los incentivos fiscales y qué proporción se habría realizado de todas maneras. La cifra presentada por Dal Poggetto corresponde a una estimación del gasto tributario y no debe interpretarse automáticamente como una pérdida efectiva de recaudación por el mismo importe.
Sturzenegger cuestionó la interpretación del costo fiscal presentada por la economista. Sostuvo que el análisis de los recursos públicos debe enfocarse principalmente en el nivel del gasto estatal y en las necesidades de financiamiento que se derivan de esas erogaciones. Según explicó el ministro, una administración que reduce sus gastos también puede disminuir la cantidad de impuestos necesarios para sostener el funcionamiento del Estado.
Desde esa perspectiva, defendió la política económica del Gobierno y planteó que el RIGI debe evaluarse por su capacidad para impulsar la producción y las inversiones. El funcionario afirmó que el programa ya mostró resultados positivos sobre la actividad productiva, aunque reconoció que puede discutirse cuáles son los impuestos que deberían reducirse. También sostuvo que la secuencia de las medidas económicas debe comenzar con la disminución del gasto público y continuar con una baja de la presión tributaria.
En su respuesta, Sturzenegger vinculó el funcionamiento del RIGI con la estrategia económica general de la administración de Javier Milei. Afirmó que reducir el gasto estatal permite transferir recursos a actividades productivas y disminuir las necesidades de recaudación. En ese marco, anticipó que el Gobierno busca continuar con los recortes presupuestarios para generar condiciones que permitan nuevas bajas de impuestos.
La posición oficial considera que los incentivos tributarios para grandes inversiones forman parte de una política destinada a ampliar la producción y mejorar las condiciones para el desarrollo de proyectos económicos. El ministro también defendió la continuidad del programa frente a los cuestionamientos por el costo de las exenciones y los tratamientos fiscales diferenciados. Después de las publicaciones de Milei y Sturzenegger, Dal Poggetto volvió a respaldar su análisis.
La economista señaló que el concepto de gasto tributario no es una interpretación exclusivamente personal, sino que está contemplado en el Presupuesto nacional. Con ese argumento, sostuvo su estimación sobre los beneficios impositivos vinculados con el RIGI. Su respuesta mantuvo la discusión en torno al tratamiento fiscal de las inversiones y a cómo se contabilizan los recursos que el Estado deja de recaudar mediante regímenes especiales.
Así, quedaron expuestas dos posiciones: Dal Poggetto analiza el costo de los beneficios tributarios, mientras que Sturzenegger pone el énfasis en la reducción del gasto público y en los efectos productivos que atribuye al programa. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones es un instrumento de política económica que busca promover proyectos de gran escala mediante beneficios fiscales y otras condiciones especiales. Está destinado a inversiones que requieren importantes desembolsos de capital y períodos prolongados de desarrollo.
Su implementación también plantea interrogantes sobre el impacto de esos beneficios en las cuentas públicas. El concepto de gasto tributario comprende los recursos que el Estado deja de percibir por exenciones, reducciones de alícuotas y otros tratamientos especiales. El debate económico pasa por determinar si esos beneficios generan inversiones adicionales que compensen o justifiquen el tratamiento fiscal otorgado.
En ese punto se encuentra la diferencia entre la estimación de Dal Poggetto y la defensa del régimen realizada por Sturzenegger. El intercambio es relevante para sectores económicos que requieren grandes inversiones, entre ellos la minería, una actividad vinculada con el desarrollo productivo de provincias como San Juan. Los proyectos mineros de gran escala pueden acceder al régimen si cumplen con las condiciones establecidas.
En ese contexto, la discusión sobre los incentivos fiscales se relaciona con las decisiones de inversión y con los recursos tributarios asociados a los emprendimientos que se desarrollan en el país. Dal Poggetto plantea determinar qué inversiones necesitan efectivamente los beneficios para concretarse, mientras que el Gobierno sostiene que el régimen es una herramienta para impulsar la actividad económica. Por el momento, el enfrentamiento no implica una modificación de las condiciones del RIGI ni el anuncio de cambios en su funcionamiento.
La controversia comenzó con una estimación sobre los beneficios tributarios del programa y derivó en un intercambio entre Dal Poggetto, Sturzenegger y Milei. El Gobierno defendió su estrategia de incentivos a las inversiones y volvió a plantear que la reducción del gasto público permitirá avanzar con nuevas disminuciones impositivas. Dal Poggetto, en cambio, sostuvo sus cuestionamientos sobre el costo tributario del régimen y remarcó que el concepto está contemplado en el Presupuesto nacional.
La discusión dejó abierto el debate sobre cómo medir el impacto fiscal del RIGI y qué proporción de las inversiones beneficiadas depende realmente de los incentivos establecidos por el Estado. La diferencia económica continúa sin resolverse, mientras las declaraciones presidenciales sumaron otro episodio de confrontación pública entre el Gobierno nacional y especialistas que cuestionan aspectos de su política económica.
