Buenos Aires, 7 de octubre (NA). Activistas venezolanos y argentinos asistieron este miércoles 7 de octubre a una audiencia de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, en los Tribunales Federales de Comodoro Py. Allí reclamaron que se mantenga abierta la investigación por crímenes de lesa humanidad del régimen chavista.
La audiencia se realizó luego de un recurso presentado por la defensa de Justo Noguera Pietri, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), imputado en la causa y prófugo, sobre quien pesa una orden de captura internacional. El planteo busca anular la aplicación de la jurisdicción universal, principio que permite investigar en Argentina graves violaciones de derechos humanos cometidas en otros países. Los activistas pidieron a los jueces Carlos Alberto Mahiques, Ángela E.
Ledesma y Guillermo J. Yacobucci que rechacen el recurso. Advirtieron que una decisión favorable a Noguera Pietri afectaría una de las investigaciones más importantes abiertas fuera de Venezuela sobre estos crímenes.
El abogado querellante Tomás Farini Duggan afirmó que los jueces decidirán "como jueces de Núremberg" si condenan los crímenes de lesa humanidad o los avalan. "Se está poniendo en duda la subsistencia de la jurisdicción universal en la Argentina. Si se resuelve haciendo lugar a los pedidos de los torturadores, terminarán las órdenes de captura decretadas contra todos ellos", advirtió. La diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso argentino, sostuvo que las democracias deben poner su justicia "al servicio de aquellos que aún hoy siguen viviendo en una dictadura".
También alertó que "si lamentablemente todavía no se los puede juzgar en Venezuela, aquí en Argentina estamos para poder hacerlo". Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), advirtió que sería "lamentable, doloroso e incluso peligroso para las víctimas que esta causa se cierre si es que se escucha el pedido de uno de los perpetradores". La causa tramita desde 2023, a partir de una denuncia presentada en enero por el FADD.
En junio de ese año, la Fundación Clooney para la Justicia presentó otra denuncia por violaciones de derechos humanos ejecutadas por fuerzas de seguridad venezolanas. En septiembre de 2024, en el marco de la causa, el juez federal Sebastián Ramos ordenó la captura internacional, con vistas a indagarlos, del dictador Nicolás Maduro, del ministro de Interior Diosdado Cabello, de Noguera Pietri y de otros trece funcionarios. La medida fue por crímenes de lesa humanidad contra la población civil en Venezuela.
Tras la captura de Maduro por Estados Unidos el 3 de enero, el juez pidió su extradición a Argentina el 4 de febrero de 2026. Además de las víctimas venezolanas, el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien sobrevivió 448 días secuestrado por el régimen chavista, también se presentó como víctima y querellante en la causa. En abril, Gallo testificó sobre las torturas sufridas y pidió órdenes de captura contra otros funcionarios responsables de su detención arbitraria, como el exfiscal general Tarek William Saab.
