El Gobierno nacional abrirá mañana a las 10, en el Ministerio de Economía, los sobres con las ofertas económicas de los dos grupos que compiten por la concesión del 90% de AySA, la empresa que brinda el servicio de agua potable y cloacas en la región del AMBA. La operación le permitirá al Estado nacional recaudar unos U$S500 millones, incluidos en el programa financiero que presentó hace tres meses el Ministerio de Economía. En las últimas horas, el Gobierno aprobó las ofertas técnicas de Rowing S.A. y Roggio ROAS S.A.U., los dos grupos que avanzaron en las distintas etapas del proceso licitatorio.
En paralelo, se convocó a una audiencia pública para tratar un ajuste tarifario que influirá en la ecuación financiera de la empresa que resulte adjudicataria. La propuesta de Rowing S.A. está integrada por Transclor, compañía del empresario Mauricio Filiberti; Arcos Saneamento e Participações, vinculada al grupo brasileño Equipav; y PHX, un vehículo de inversión radicado en Países Bajos. El otro oferente es Roggio ROAS S.A.U., sociedad vinculada al Grupo Roggio.
La integran Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. El grupo opera Aguas Cordobesas en Córdoba y participa en servicios urbanos e infraestructura. De acuerdo con los pliegos, la futura concesionaria deberá hacerse cargo de un programa de inversiones estimado en más de US$2.000 millones entre 2027 y 2031.
El plan contempla obras de expansión, mantenimiento y mejora de las redes de agua potable y desagües cloacales. Las metas fijadas para 2031 establecen una cobertura del 75,3% para el agua potable y del 63,9% para los desagües cloacales. Al cierre de la concesión, cuyo plazo inicial será de 30 años y podrá prorrogarse, se exigirá llegar al menos al 90% de cobertura de agua y al 75% de cloacas.
El proceso incluye definiciones sobre la estructura tarifaria, el financiamiento de las obras y los mecanismos de control regulatorio. En paralelo, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento adjudicó a Estudio Ecológico Industrial SRL, por hasta $275,8 millones, un servicio de extracción, traslado y análisis de muestras de agua y efluentes. La contratación tendrá una duración de 12 meses, con posibilidad de prórroga, y abarcará controles de agua potable, redes cloacales y plantas depuradoras.
La licitación de AySA se lleva adelante bajo la modalidad de etapa múltiple y sin base, con el objetivo de transferir a un único operador estratégico la totalidad de las acciones del Estado nacional, equivalentes al 90% del capital social de la empresa. El procedimiento se encuadra en la Ley de Bases, que declaró a AySA una de las compañías estatales "sujeta a privatización", y se articula con la Ley 23.696 de Reforma del Estado y los decretos reglamentarios 695/2024 y 494/2025. Mauricio Filiberti es uno de los actores principales del proceso: es dueño de Transclor, proveedora de AySA, y también forma parte de la propuesta encabezada por Rowing S.A.
Transclor suministra productos químicos utilizados para potabilizar el agua, entre ellos insumos derivados de cloro-soda y policloruro de aluminio. Si el consorcio resulta adjudicatario, uno de los aspectos a seguir será cómo se ordenarán las compras de insumos, los contratos con empresas vinculadas y los mecanismos de competencia entre proveedores. Filiberti también participa en Edenor, distribuidora eléctrica que tiene a AySA entre sus grandes clientes industriales por el consumo de energía de las plantas de potabilización, estaciones de bombeo, redes y establecimientos de tratamiento de efluentes.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó para el 26 de octubre a una audiencia pública sobre la propuesta de AySA para actualizar los coeficientes zonales y el régimen tarifario, en medio del proceso de concesión. El llamado se formalizó el jueves pasado a través del Boletín Oficial. El debate se centrará en la propuesta técnica de AySA para actualizar el esquema tarifario, que permanece sin una revisión integral desde su diseño original.
Para los usuarios del régimen no medido, la empresa plantea simplificar el esquema zonal y reducir los 11 coeficientes actuales, que van de 1,10 a 3,50, a cinco niveles, con valores de 0,75 a 2,75.
