Buenos Aires, 27 septiembre (NA) — La oposición negocia a contrarreloj el dictamen de un proyecto para aliviar la morosidad y combatir los abusos del sistema crediticio. En paralelo, busca sumar apoyos mientras el oficialismo intenta acercar aliados con una iniciativa propia. La propuesta de La Libertad Avanza se mantiene bajo reserva.
Lo único que trascendió es que se trabajaría sobre la base de advertencias a los usuarios, educación financiera, concientización y doble autenticación. "Lo estamos haciendo con aliados", respondieron, sin dar detalles, altas fuentes oficialistas de la comisión de Finanzas consultadas por la Agencia Noticias Argentinas. El martes que viene se reunirá el plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Esa es la fecha fijada para emitir dictamen, según el emplazamiento votado en la sesión del 26 de agosto pasado.
Entre los 133 votos que respaldaron el emplazamiento en el recinto estuvieron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, bloques que integran el sector estable de la oposición. También apoyaron sectores afines al Gobierno: Argentina Federal, que reúne a misioneros y salteños; Elijo Catamarca; Independencia, de Tucumán; y la diputada Karina Maureira, de La Neuquinidad. Tras varias rondas de negociación, con diferencias y acercamientos, Unión por la Patria consiguió cerrar una propuesta interna y la compartió con referentes de esos bloques.
Algunas bancadas, como el Frente de Izquierda, Elijo Catamarca e Independencia, no tienen vocales en ninguna de las dos comisiones, por lo que sus firmas no serán necesarias el martes. Sin embargo, sus votos serán indispensables si el proyecto llega al recinto. "Estamos negociando con todos los que votaron el emplazamiento", confirmó a la Agencia Noticias Argentinas uno de los diputados de UxP, autor de uno de los proyectos sobre el tema. Pablo Juliano, autor de otra iniciativa, es uno de los principales articuladores de las negociaciones.
Además de hacerlo en nombre propio, representa a un grupo de diputados de Provincias Unidas y mantiene llegada a la Coalición Cívica. Las conversaciones también incluyen a Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y a Yolanda Vega y Bernardo Biella, de Argentina Federal. Sus firmas son imprescindibles para que la oposición pueda alcanzar un dictamen de mayoría.
Según pudo averiguar NA, el proyecto acordado internamente por Unión por la Patria propone declarar la emergencia por 180 días, con posibilidad de prorrogarla por otro período igual. La iniciativa fija un tope a la tasa de interés nominal que cobran las tarjetas y billeteras, límites a los gastos y las comisiones, y planes de refinanciación de hasta 36 meses, de acuerdo con los montos. Además, plantea eliminar el 100% de los intereses punitorios, con respeto del capital y los intereses compensatorios.
Frente a las diferencias entre las tasas que cobran las billeteras según el scoring del cliente, se otorgaría competencia a Defensa del Consumidor para exigir la apertura del algoritmo y transparentar esas prácticas irregulares. Unas 6 millones de personas están en situación de mora, definida como atrasos superiores a tres meses en el pago de deudas. El fenómeno tiene múltiples causas y se vincula con el deterioro de los ingresos, el costo creciente de la canasta de servicios y la desregulación de las tasas de interés por parte del Gobierno nacional.
El nivel de morosidad se disparó a fines de 2024 y desde entonces la curva continuó en ascenso. Actualmente, el 12.8% de los créditos otorgados por bancos está en situación de mora; lo mismo ocurre con el 25% de los préstamos concedidos por billeteras y otras plataformas del mundo fintech. Desde el oficialismo y referentes de los bancos sostuvieron que el aumento del crédito es una señal positiva en un país como Argentina, que todavía tiene índices de bancarización deficientes.
En cambio, la oposición y representantes del colectivo de deudores no cuestionan los créditos en sí, sino su destino: advierten que alrededor de dos tercios de los préstamos se usan para cubrir gastos esenciales, como alimentos, servicios y medicamentos. También hacen hincapié en el fuerte aumento de la morosidad, que, según señalan, no se corresponde con la expansión del crédito. Entre febrero de 2024 y julio de 2026, la cantidad de créditos otorgados creció un 8%, mientras que la morosidad aumentó un 80%: pasó de 3,3 a 6 millones de personas, a un ritmo diez veces mayor.
