Buenos Aires, 26 septiembre (NA) — La senadora Patricia Bullrich cuestionó al gobernador Gildo Insfrán tras la condena a cuatro integrantes de un equipo periodístico que hicieron entrevistas y filmaciones en una comunidad originaria de Formosa. En ese marco, sostuvo que “la libertad de prensa se respeta”. “En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen.
¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta.
Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco”, publicó Bullrich en su cuenta de X. La declaración se conoció luego de que el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas condenara a la cronista Micaela Urdinez, al camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, al sonidista Joaquín Rajadel y al director audiovisual Javier Federico Corbalán a “cinco días de arresto”. La pena puede sustituirse por una multa de 282.550 pesos para cada uno.
La sentencia N° 351/2026, dictada por el juez Omar Padilla, consideró que los periodistas infringieron el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa. Según el fallo, desarrollaron una actividad sin la autorización previa exigida y no contaban con un carnet para ejercer el periodismo. El episodio ocurrió durante una cobertura realizada en septiembre de 2025 por el equipo de “Hambre de Futuro”, un proyecto de La Nación, en la comunidad originaria San José, ubicada en la zona de Las Lomitas.
Los comunicadores habían viajado para entrevistar a integrantes de la comunidad y registrar sus condiciones de vida. Durante la cobertura, efectivos policiales interceptaron a los integrantes del equipo y los trasladaron a una dependencia. Allí permanecieron alrededor de dos horas mientras eran notificados de una denuncia.
Según la reconstrucción, la presentación había sido realizada por el cacique de la comunidad, Guillermo López, quien luego manifestó que desconocía el contenido del documento que había firmado. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazaron la resolución judicial y cuestionaron que se sancionara a los periodistas por el ejercicio de su actividad profesional. ADEPA sostuvo que en Argentina no se requiere una licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo, mientras que FOPEA advirtió sobre la criminalización de la labor informativa.
