El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes una medida provisional que prohíbe las apuestas deportivas a través de las "bets" (plataformas digitales) y establece su cierre a partir del 6 de octubre. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, informó en una conferencia de prensa en San Pablo, junto a Lula da Silva, que los apostadores podrán retirar voluntariamente los saldos disponibles hasta las 23:59 del 5 de octubre. Entre el 7 y el 8 de octubre, las empresas deberán informar a las instituciones financieras los montos correspondientes a cada cliente.
Los bancos realizarán las devoluciones entre el 9 y el 14 de octubre. La medida se firmó a nueve días de la primera vuelta de las elecciones generales en Brasil. El mandatario brasileño la había anunciado la semana anterior y cuestionó a las empresas de apuestas por generar endeudamiento y ludopatía en las familias.
Los principales clubes de fútbol de Brasil protestaron porque deberán perder los ingresos por publicidad que reciben de estas plataformas digitales desde 2019. Las "bets" fueron permitidas en 2018, pero estuvieron sin reglamentación hasta 2023. La medida firmada por Lula prohíbe nuevos contratos de publicidad, propaganda y patrocinio relacionados con las apuestas desde su publicación.
Los acuerdos vigentes podrán mantenerse hasta el 5 de octubre. Además, dispone el bloqueo de transferencias bancarias a empresas identificadas con actividades vinculadas a las apuestas. El mercado brasileño de apuestas movió 410.850 millones de reales (unos 79.023 millones de dólares) durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda.
La ofensiva contra las apuestas se convirtió en uno de los temas de la campaña de reelección de Lula. El martes pasado, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario afirmó que las plataformas convierten el "vicio de lucro". Junto con la medida provisional, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que propone convertir en delito la explotación y operación de apuestas de cuota fija, con penas de cuatro a seis años de prisión y multa.
También plantea sanciones de dos a cuatro años para actividades como la publicidad, la captación de apostadores y determinadas operaciones financieras vinculadas al sector.
