El juez federal Sebastián Casanello dictó medidas de procesamiento y embargos millonarios en el marco de la causa que investiga presuntas negociaciones incompatibles con la función pública vinculadas al sistema de seguros del Estado, una investigación que involucra al expresidente Alberto Fernández. La resolución alcanza a empresas del rubro asegurador y a un exfuncionario de la residencia de Olivos.
Las principales decisiones del magistrado fueron:
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Procesamiento de empresas: Se procesó a Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A., firma de un amigo personal de Alberto Fernández, identificada como beneficiaria de comisiones por más de 416 millones de pesos. También fueron procesadas otras compañías del sector como Bachellier S.A., San Germán Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales. Para esta última, se estima un beneficio superior a 2.022 millones de pesos.
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Procesamiento del exadministrador de Olivos: Se procesó a Hugo Rodríguez, quien fuera administrador general de la Residencia Presidencial de Olivos. Se lo acusa de haber facilitado encuentros no registrados entre el broker Martínez Sosa y el entonces presidente, actuando como nexo con conocimiento del plan investigado. Por ello, fue procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con un embargo de 787.997.801,56 pesos.
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Fundamento: El juez Casanello determinó que las empresas no implementaron mecanismos de control ni programas de integridad, tolerando conductas ilícitas que generaron un perjuicio al erario público en el contexto del decreto que obligaba al sector público a contratar seguros con Nación Seguros S.A. En el caso de Rodríguez, sostuvo que “sabía del conflicto de interés y colaboró con su aprovechamiento”.
La investigación cuenta con la intervención del fiscal federal Carlos Rívolo y continúa su curso.
