Como parte de la batalla legal por el fallo multimillonario a favor de Burford Capital (por la expropiación de YPF), el Gobierno argentino sostuvo que revelar datos sensibles, como la ubicación exacta de las reservas o sus rutas de transferencia, constituye un riesgo para la “seguridad nacional” y la “estabilidad financiera” del país. El argumento legal principal es que estas reservas pertenecen al Banco Central (BCRA), una entidad autárquica e independiente, y por lo tanto gozan de inmunidad de ejecución y no pueden ser embargadas por tribunales extranjeros.
🛡️ Los argumentos clave del gobierno argentino
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Riesgo para la Seguridad Nacional: Revelar los datos expondría la gestión de liquidez del BCRA, vulneraría la seguridad física de los activos y podría desestabilizar el sistema financiero.
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Inmunidad de los activos del BCRA: El oro pertenece al Banco Central y no al Estado Nacional. Al ser una entidad autónoma, sus activos están protegidos legalmente de embargos en Estados Unidos, Reino Unido o Argentina.
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Separación de poderes: Paralelamente, el ministro de Economía Luis Caputo presentó una aclaración indicando que no posee información confidencial sobre la ubicación del oro, reforzando la autonomía del BCRA y evitando que sus activos sean considerados una extensión directa del Gobierno (un “alter ego”).
Este movimiento busca blindar legalmente uno de los principales activos del país, en un caso que se extiende por la sentencia de 16,100 millones de dólares a favor de los fondos acreedores.
